Editorial

Retraso de los Juegos de Tarragona

El sonrojante aplazamiento obliga a las instituciones a trabajar para lograr la mejor cita posible en el 2018

Voluntarios de la candidatura de Tarragona 2017 muestran su alegría tras conocer que la ciudad será la sede de los Juegos Mediterráneos.

Voluntarios de la candidatura de Tarragona 2017 muestran su alegría tras conocer que la ciudad será la sede de los Juegos Mediterráneos. / et

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El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confirmó lo que destapó la pasada semana el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Los <strong>Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017</strong> se aplazarán un año por la falta de recursos de los organizadores. El comité está encabezado por el propio Ballesteros, cuyo futuro político ha quedado sensiblemente tocado. En lugar de celebrarse entre el 30 de junio y el 9 de julio del 2017, la competición se desarrollará del 22 de junio al 1 de julio del siguiente año. La resolución se vislumbra como un mal menor, poco o nada positivo para la imagen de la ciudad que no oculta los errores de previsión de todas las partes implicadas. Las aportaciones públicas y privadas habían quedado lejos de lo presupuestado, un desfase que, por ejemplo, había supuesto retraso en las infraestructuras.

Los Juegos Mediterráneos forman parte desde su creación en 1951 de los llamados Juegos Regionales del olimpismo y son hoy un escaparate para ciudades del Mediterráneo de menor potencial económico y demográfico que las capitales y grandes urbes de sus respectivos países. Barcelona, sin embargo, acogió la segunda edición (1955) en unos tiempos en que nadie imaginaba que podía llegar a ser un día sede olímpica.

La candidatura de Tarragona fue escogida por el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM) en octubre del 2011. Han pasado más de seis años y, durante este tiepo, el trabajo del comité organizador siempre se ha visto condicionado por esa mala planificación y por la falta de una voluntad política de apoyo decidido al acontecimiento. En ese sentido, el comité organizador ha lamentado que el Gobierno no haya cumplido su compromiso de aportar 12 millones de euros, cifra que no suscribía el presidente del Consejo Superior de Deporte, Miguel Cardenal. Es evidente que la existencia de un Gobierno en funciones durante 10 meses ha sido otro gran incoveniente.

Ahora solo hay que esperar que este aplazamiento no suponga un sobrecoste para los ciudadanos, que las previsiones sobre patrocinio sean bastante más realistas y que todas las instituciones se pongan manos a la obra para que los Juegos se disputen con la brillantez que merece la ciudad. Solo el cumplimiento de estas condiciones permitirá aliviar esta sonrojante moratoria.