Editorial

Los Mossos y la desobediencia

Es legítimo abogar por un cambio de leyes, pero no lo es exigir a la policía que elija qué normas debe cumplir

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La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, a su salida de los juzgados junto a su abogado, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, en noviembre del 2016.

La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, a su salida de los juzgados junto a su abogado, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, en noviembre del 2016. / AFP / PAU BARRENA

La detención de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós (CUP), por parte de los Mossos d'Esquadra ha sacudido la política catalana, colocada de repente frente al espejo de lo que implica la desobediencia en el contexto del proceso soberanista. Venturós, acusada de delito electoral por haberse negado a descolgar la 'estelada' durante las jornadas electorales del 27 de septiembre y el 20 de diciembre del 2015, se negó a comparecer en dos ocasiones a declarar ante el juzgado de instrucción número 1 de Berga. Los Mossos d'Esquadra en su calidad de policía judicial, la detuvieron para trasladarla al juzgado. A juicio de Venturós, la detención por tener colgada la 'estelada' en una jornada electoral no tiene sentido porque al mantenerla izada se limitó a «obedecer el mandato popular» de los ciudadanos.

Es, a otra escala, el mismo razonamiento que defienden quienes impulsan la convocatoria del referéndum unilateral de independencia en caso de que el Estado no acepte una consulta pactada (o incluso sin este requisito): que aunque el ordenamiento jurídico español no acepte la consulta, esta será legal si emana de un mandato ciudadano y se circunscribe en un marco legal aprobado por una mayoría del Parlament. Es decir, que la desobediencia de la ley se justifica si así lo pide una mayoría de la ciudadanía.

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Esta es la postura de la CUP, que desde el principio del 'procés' ha defendido sin tapujos que, tarde o temprano, la ruptura de Catalunya con España debe implicar desobedecer la ley española. Su reacción a la detención de Venturós es coherente con su alma antisistema: ha deplorado que los Mossos hayan obedecido el requerimiento judicial.

Las críticas a la Conselleria de Interior y los Mossos han tensionado aún más la siempre convulsa relación entre la CUP y Junts pel Sí. En un Estado de derecho es legítimo abogar por un cambio del orden legal vigente, pero no lo es exigir a la policía que elija qué parte de la ley cumple y qué parte no. Lo sucedido en Berga ha servido para visualizar lo que significa la desobediencia de la que tanto hablan la CUP y amplios sectores del independentismo. Si bien es cierto que la solución al conflicto en Catalunya no será jurídica, también lo es que la desobediencia a la ley en vigor tiene consecuencias legales. Y lo que está fuera de discusión es que los Mossos deben cumplir con su obligación.