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El expresidente de la Generalitat Artur Mas con su sucesor, Carles Puigdemont.

FERRAN SENDRA

Vacilante hoja de ruta

Astrid Barrio

Desde que el proceso soberanista se puso en marcha, una constante en cada una de sus fases ha sido la incertidumbre.  Se anuncian pasos, se fijan calendarios y se  toman decisiones pero al final nadie sabe a ciencia cierta cómo se llevarán a cabo. Es cierto que la implementación de la decisiones no siempre depende de los actores que las toman, pero no es menos cierto que los partidos independentistas han tendido demasiado a menudo a cambiar de criterio y a utilizar eufemismos que no han hecho sino aumentar la confusión.

Desde el 27 de septiembre del 2015 hemos venido escuchando el mantra de que el Parlament, entiéndase la mayoría parlamentaria,  tenía un "mandato democrático" para dar cumplimiento a la hoja de ruta de Junts pel Sí. Esta hoja de ruta contemplaba diversas fases empezando por una solemne declaración parlamentaria de inicio del proceso -que fue lo que se produjo el 9 de noviembre con el apoyo de la CUP- y siguiendo por el inicio de un proceso constituyente participativo,  por la creación de un gobierno de concentración, por  la proclamación del la independencia, por la elaboración de una ley de transitoriedad jurídica y de una ley de proceso constituyente, y que debía culminar con la celebración de unas elecciones constituyentes y con la aprobación de la constitución por medio de un referéndum.

Ahora esta hoja de ruta ha quedado en papel mojado y tras el anuncio del presidente Puigdemont de celebrar un referéndum "pactado o no con el Estado",  parece que volvemos a situarnos en el 2012, habida cuenta de que el acuerdo de gobernabilidad entre CiU y ERC ya contemplaba la realización de un referéndum que por aquel entonces recibía el nombre de consulta sobre el futuro político de Catalunya y que se acabó llevando a cabo el 9 de noviembre del 2014 bajo la denominación de proceso participativo. 

Tras ello vino la propuesta de lista única,  la adopción de la hoja de ruta consensuada por parte de Junts pel Sí y la celebración de las llamadas elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre,  unas elecciones en las que los partidarios de la independencia obtuvieron una cómoda mayoría parlamentaria pero quedaron por debajo del 50% de los votos.

Se da la circunstancia que esa era precisamente la condición que la CUP consideraba imprescindible para seguir adelante con el proceso independentista. La CUP ha sido del todo coherente reivindicando la celebración de un referéndum que permita validar que la mayoría de la población, y no de los diputados, apuesta por la independencia.  No así Junts pel Sí que para mantenerse en el gobierno ha abandonado su hoja de ruta y ha renunciando al mandato democrático emanado del 27-S, otro eufemismo para referirse a algo prohibido como es el mandato imperativo.

Pero el problema de fondo sigue estando ahí. Nadie especifica cómo se llevará a cabo ese referéndum que difícilmente va a ser pactado con el Estado ni explica cuáles pueden ser las consecuencias llegado el caso.