Somos parte de la solución, no el problema

Uno de los mayores retos de nuestra sociedad es encontrar fórmulas para mantener el Estado del bienestar, es decir, ingresos para financiar las prestaciones sociales. Cada grupo político tiene su propia idea de cómo conseguirlo. Y los ciudadanos hacemos bien en defender a unos u otros en función de nuestras creencias. Pero hay algo que todos tienen en común y que cada uno de los catalanes defendemos también: la necesidad de ser eficaces en el uso de nuestras cuentas públicas.

Ese dinero primero hay que recaudarlo y luego gestionarlo. Para la recaudación es fundamental que las políticas económicas pongan en movimiento el dinero, pero también lo es tener un sistema de recaudación eficaz, controlar en el menor tiempo posible lo que entra en la caja común y revisar si algo se ha escapado para recuperarlo. Solo así la Administración tendrá ingresos suficientes para gestionarlos.

Parte de esa recaudación está hoy en manos de los 300 trabajadores de los registros de la propiedad y mercantiles de Catalunya, que ejercen sus funciones en las oficinas liquidadoras, encargadas de gestionar, recaudar y liquidar los impuestos de sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Son profesionales con más de 20 años de experiencia y formación continuada. Y en las oficinas no solo contamos con resultados contrastados sino con una atención personalizada, cercana al ciudadano, dato que queda reflejado en la gran cantidad de catalanes que acuden a nuestras oficinas para informarse sobre los trámites y procedimientos.

IMPUESTOS Y DEPENDENCIA

En el 2015, las oficinas liquidadoras recaudaron cerca de 1.300 millones. Sí, es solo una séptima parte de los impuestos indirectos recaudados por la Generalitat. Pero con esa cantidad se puede financiar, por ejemplo, la casi totalidad de las políticas destinadas a la dependencia, que en el 2016 ha tenido un presupuesto de 1.400 millones; o el total de las destinadas al empleo, que han sumado 756 millones.

Hoy, los trabajadores de los registros de la propiedad de Catalunya, especialmente aquellos que ejercemos en las oficinas liquidadoras, estamos preocupados por nuestros puestos de trabajo por las informaciones que apuntan a la voluntad de la Generalitat y, concretamente de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, de asumir la gestión de determinados impuestos e iniciar el desmantelamiento de las oficinas repartidas en 53 centros.

LA VERTIENTE ECONÓMICA

Podríamos plantear la cuestión desde la vertiente económica, hablar del supuesto ahorro que significará la asunción de la gestión de estos tributos por parte de la Generalitat: ¿costará menos dinero a los catalanes? Sinceramente, no lo creo. Aunque tampoco nos corresponde entrar a valorar el componente económico o el modelo de externacionalización de servicios. Pero sí defender su eficacia y el servicio que hace a los ciudadanos de Catalunya.

En las oficinas liquidadoras revisamos el 100% de la documentación que entra y se hace una calificación de los supuestos de hecho que se describen bajo el principio de unidad de criterio. Esto dota al sistema de la seguridad jurídica necesaria para el planteamiento de todo tipo de operaciones de tráfico inmobiliario, así como de una herramienta muy eficaz en la lucha contra el fraude fiscal.

Todo ello es posible porque los profesionales lo hacemos posible. Nuestra actuación, como conocedores del funcionamiento de la gestión tributaria, es más práctica, comprensiva y cercana para quienes han de realizar un trámite. Con la supresión de las oficinas liquidadoras vemos una importante pérdida en la atención al contribuyente, muy necesaria para el tipo de impuestos del que hablamos.

TRATO PERSONAL

¿A cuántas administraciones puede llamar  un ciudadano para interesarse por la tramitación de un expediente, el estado de un recurso o las instancias de un procedimiento y sin dilación hablar directamente con la persona encargada del asunto? ¿En cuántas administraciones puede presentarse un ciudadano con una notificación y hablar personalmente con quien la tramita?

Deducir que la pérdida de este servicio supondrá un beneficio es no querer entender el funcionamiento de estos centros y pensamos que lo que se pretende es deshumanizar un servicio en contra de los intereses de los ciudadanos.

El contribuyente es quien soporta la presión fiscal y nosotros no hacemos las leyes, pero lo que sí está en nuestras manos es gestionar y asistir a los ciudadanos en todo lo necesario para brindarles información de primera mano y facilitar así los trámites. Somos totalmente eficaces en lograr esa parte de la recaudación, sí, pero además ofrecemos un servicio personalizado de gran valor añadido.                                       

Parece que hay un replanteamiento en el diseño del desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya a todo el territorio y nosotros esperamos y deseamos seguir formando parte de una agencia que siga prestando el servicio de proximidad al ciudadano.