¿Remunicipalización de servicios?

Estas últimas semanas han aparecido diferentes noticias relacionadas con procesos de remunicipalización por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de servicios educativos y sociales que hasta ahora han sido gestionados por entidades del Tercer Sector Social. En concreto, guarderías y servicios de atención a las mujeres.

Una recuperación de servicios que ha generado preocupación, inquietud y desencanto en el sector. Y si bien entendemos que la estrategia de recuperación de los servicios públicos de gestión externalizada es una opción política legítima, el Tercer Sector no comparte muchos de los argumentos que se están utilizando para justificar este modelo.

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

La externalización de servicios desde un modelo de cololaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa social no es en ningún caso una privatización: las entidades sociales gestionan servicios de atención a las personas con clara vocación de servicio público y la gestión indirecta no implica en ningún caso una renuncia a la titularidad pública de los mismos.

Como sector históricamente estratégico en el diseño, la implementación y la gestión de estos servicios, consideramos que no tener en cuenta ni nuestra visión ni el impacto de esta opción es una falta de reconocimiento a la trayectoria, pericia y valor de aportación del Tercer Sector en el desarrollo de políticas sociales en la ciudad.

Por otra parte, sorprende que el mismo Ayuntamiento de Barcelona que está impulsando una potente política de fomento de la economía social, lleve a cabo esta estrategia de remunicipalización que implica limitar la actividad de organizaciones que a través de modelos propios de la economía social (asociaciones, cooperativas de iniciativa social y fundaciones) genera actividad económica y empleo en un sector estratégico como es el sector de servicios de atención a las personas.

Como hemos manifestado repetidamente, el Tercer Sector defiende un determinado modelo de colaboración público-social en la provisión de este tipo de servicios. Un modelo que se desarrolle desde la no lucratividad y desde una perspectiva de inversión social, buscando en todo momento la eficiencia de los recursos públicos destinados a esta tipología de servicios; y revirtiendo su el impacto y los beneficios en los propios servicios, colectivos y comunidad.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

No estamos en absoluto de acuerdo con el argumento de que la remunicipalización representará una mejora directa en la calidad de los servicios. Hay que analizar esta afirmación detalladamente en términos de costes-beneficios y, en todo caso, si lo que se trata es de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, nosotros somos los primeros que hace tiempo venimos reclamando al Ayuntamiento de Barcelona una contratación pública que vele tanto por la calidad de los servicios como para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores. Además, afirmar que la gestión con personal público mejora la calidad es menospreciar la labor de cientos de profesionales con años de experiencia.

En la definición de la externalización hay que tener claro que las condiciones de las profesionales deben ser semejantes a la de otros que son contratados directamente por las administraciones. Y esto depende solo de que el ayuntamiento correspondiente cree el servicio con unas buenas condiciones económicas y de gestión que lo posibiliten.

La experiencia de las entidades sociales catalanas que gestionan servicios de titularidad pública nos permite afirmar que son las condiciones de externalización las que determinan la calidad del servicio y por lo tanto, que la externalización no es negativa en sí misma, sino que es el órgano contratante, el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, el que tiene la responsabilidad de definir cómo quiere que sea prestado este servicio.

SUBROGACIÓN DE PLANTILLAS

Nos preocupa, finalmente, el grave perjuicio que la remunicipalización de servicios puede representar por las organizaciones sociales que hasta el momento prestaban estos servicios, más cuando estamos constatando que el Ayuntamiento no está en disposición de garantizar la subrogación de las plantillas.

subrogación de las plantillas Este hecho implica un doble agravio: uno, para los profesionales que ven peligrar sus puestos de trabajo; y un segundo, por las entidades que, ante la pérdida del servicio por una decisión estrictamente política, tendrán que hacer frente a las indemnizaciones por el despido de personal.

El Tercer Sector reclama a la alcaldesa de Barcelona un diálogo en torno a la estrategia de remunicipalización y el impacto que tendrá en las entidades de la economía social. Queremos compartir y clarificar posturas, analizar la complejidad de la situación y, siempre que sea posible, explorar vías de colaboración para minimizar su impacto en nuestro sector.