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A estas alturas nadie ha sido capaz todavía de descifrar con credibilidad, certeza y cierta objetividad, cuáles y de qué índole serían los delitos que habría cometido la presidenta Dilma Rousseff para ser sometida a un juicio político sumarísimo con su destitución como destino final de este largo y tortuoso proceso. Si la acusación se fundamenta en la supuesta, por no probada, “alteración de las cuentas públicas solicitando dinero a bancos públicos para equilibrar los balances económicos” de su Gobierno, existieron siempre las mismas sospechas sobre algunos de sus antecesores que hoy, precisamente, lideran la iniciativa para derrocarla.

Los heterogéneos sectores de oposición política -oligárquicos, parlamentarios, judiciales, financieros y mediáticos- han aprovechado una coyuntura de grave recesión económica, combinada con numerosos casos de corrupción y un clima de malestar social puesto de manifiesto en las calles, para lograr un acuerdo de intereses que ponga fin al ciclo de gobiernos progresistas iniciado en aquella ya lejana elección del 27 de octubre del 2002, cuando Lula da Silva alcanzó la presidencia tras intentarlo hasta en cuatro ocasiones -la primera de ellas en 1989-. Los influyentes poderes fácticos brasileños nunca dejaron de perseverar en una cruzada contra alguien al que siempre consideraron como un intruso, un desclasado obrero metalúrgico que recogía elogios por doquier. Ni siquiera en los tiempos de crecimiento económico, cuando todas las miradas internacionales fijaban su atención en el emergente Brasil, los oscuros y siempre ocultos profesionales del desprestigio dieron tregua alguna a un enemigo al que había que destruir a cualquier precio.

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El ajustado triunfo de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones del 26 de octubre del 2014, poco más de tres puntos de diferencia respecto del candidato opositor, Aécio Neves; la severa crisis económica, las masivas movilizaciones de protesta por el despilfarro en las inversiones destinadas al Mundial de Fútbol y a los Juegos Olímpicos, coincidiendo con numerosos escándalos de corrupción protagonizados por dirigentes del PT, abrieron un escenario muy propicio para dar un renovado impulso a las ya conocidas tácticas de acoso y derribo. Y de paso, disparar al mentor político de la presidenta, el objetivo último, por si tuviera la tentación de decidirse a competir por un nuevo mandato. Una patada a Dilma en la cara de Lula.

Parece inevitable en este instante de gran incertidumbre que la memoria recuerde dos episodios de la historia no muy lejana de Brasil con semejanzas con el actual, no en las formas pero sí en el fondo de lo que supusieron. El golpe de Estado de 1964, ejecutado por militares contra el presidente Joao Goulart, en el contexto de la guerra fría, y la carta-testamento que dejó escrita Getulio Vargas, cuatro veces presidente de Brasil, conocida después de tomar la decisión de suicidarse el 24 de agosto de 1954.