Pobreza energética, ¿hasta cuándo?

Hay quien afirma que no existe y que solo se puede hablar de pobreza. Y como los ciudadanos con pocos recursos tienen las mismas dificultades para comprar comida o ropa que para pagar la vivienda o las facturas de los suministros básicos, no tiene sentido hablar de pobreza energética. Hay quien piensa que es una circunstancia triste pero inevitable, dado que siempre ha habido y seguirá habiendo exclusión social. Hay quien cree que la invisibilidad del fenómeno impide que se pueda considerar una auténtica prioridad social.

Sin embargo, la realidad es tozuda y las cifras son alarmantes. Según el informe de la Taula del Tercer Sector Social del 2014, en Catalunya hay 305.000 hogares (un 10,9%) con incapacidad para satisfacer los servicios básicos de energía y agua. Es decir, que no pueden garantizar una temperatura de 18-20 grados en invierno y 25 en verano, o bien un mínimo de 100 litros de agua por persona y día. La crisis ha disparado las familias que destinan más del 10% del presupuesto -el umbral de la vulnerabilidad- al pago de estos servicios básicos.

UN 70% DE AUMENTO EN 10 AÑOS

Las causas de la pobreza energética son el bajo nivel de renta, la mala calidad de la vivienda y el encarecimiento de los suministros básicos. El precio de la luz ha subido más de un 70% en los últimos 10 años. Las consecuencias más graves son afectaciones en la salud (potencialmente graves en niños, ancianos y enfermos crónicos), degradación de los edificios y endeudamiento permanente. Con el paso del tiempo la situación tiende a agravarse y resulta imposible romper la espiral de precariedad y exclusión.

Ante una realidad tan lacerante, la pregunta es: ¿tenemos que resignarnos a ella? Y, en caso contrario, ¿qué podemos hacer? ¿Quién y cómo debe actuar? Vivimos en una sociedad cada vez más compleja y más interdependiente. Los equilibrios son frágiles y las intervenciones tienen efectos inciertos. Los grandes retos colectivos requieren la participación activa y coordinada de los principales actores sociales: ciudadanos, gobiernos y empresas. Sin un compromiso firme de los tres es imposible transformar la realidad.

LA CIUDADANÍA, EL MOTOR

La ciudadanía organizada ha sido el motor de la lucha contra la pobreza energética en Catalunya durante los últimos años. La Aliança contra la Pobresa Energètica, que tiene por objetivos el acceso universal a los servicios básicos, detener los cortes a los colectivos más vulnerables y lograr la implicación de las empresas; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatori DESC han sido la punta de lanza de este movimiento social. Y su mayor éxito ha sido la iniciativa legislativa popular (ILP) que se acabó convirtiendo en la ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que fue aprobada en el Parlament por unanimidad. Hay que subrayar también las actuaciones de las entidades sociales, como, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja. Esta última, recientemente ha incluido la pobreza energética en la categoría de emergencias sociales.

Los gobiernos también han tratado de dar una respuesta. La Generalitat aprobó el decreto ley 6/2013, que implantaba la tregua invernal (posteriormente suspendido por el Tribunal Constitucional), ha modificado el Codi de Consum y ha constituido la Taula contra la Pobresa Energètica. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha impulsado un fondo de ayudas contra la pobreza energética. Y varios ayuntamientos, como los de Sabadell y Reus-Tarragona (conjuntamente, con su propia taula), han sido pioneros en diagnosticar y acondicionar viviendas con deficiencias severas.

ALGO CAMBIA EN LAS EMPRESAS

Finalmente, las grandes empresas comercializadoras de energía han tenido, hasta ahora, una actitud mayoritariamente inmovilista y reactiva, pero todo apunta a que algo podría estar empezando a cambiar. Son conscientes de que no pueden dar la espalda a la sociedad. Saben que aquí se juegan mucho. Tienen sus propias líneas rojas, que no quieren ni pueden traspasar, pero van asumiendo que la pobreza energética les concierne y deben moverse. A riesgo de perder, en caso contrario, la licencia social para operar, es decir, aquel permiso implícito que toda comunidad humana otorga a una empresa que quiere actuar en su territorio, y sin el cual ninguna organización puede sobrevivir.

Erradicar la pobreza energética requiere una nueva forma de gobernanza basada en el diálogo, la colaboración, la complementariedad y las sinergias entre el tercer sector, los gobiernos y las empresas. Las empresas y los gobiernos deben ser parte de la solución, no del problema. Todo indica que pronto veremos cambios insospechados y transformaciones significativas. Moverse puede tener algún riesgo, pero no hacer nada es garantía de fracaso.