Un sistema electoral que no garantiza la igualdad

La Constitución Española, al igual que sucede en la mayoría de textos constitucionales de nuestro entorno democrático, proclama la «igualdad» como una de las notas esenciales del sufragio. Sin embargo, el valor del voto de los españoles dista mucho de ser equivalente. Preguntémonos por qué.

En el sistema electoral del Congreso de los Diputados se eligen un total de 350 diputados. Estos se reparten en un total de 52 circunscripciones: las 50 provincias del territorio español más Ceuta y Melilla. Es la propia Constitución la que exige la asignación de «una representación mínima inicial a cada circunscripción», que la ley electoral ha fijado en dos escaños. Pues bien, al otorgarse a cada provincia dos escaños con independencia de su población, 102 de los 350 diputados -el 29% del total- se distribuyen sin atender a la realidad demográfica. Es precisamente ese suelo de escaños que no varía conforme a las fluctuaciones poblacionales lo que genera desigualdad en el valor del voto de los españoles.

Escaños y población

De hecho, esta situación supone que el sistema electoral español lidere el ránking europeo de 'malapportionment', esto es, la medida que cuantifica la distorsión existente entre el porcentaje de escaños que se otorgan a las circunscripciones respecto a la población que reside en ellas. En términos prácticos, esto ha supuesto que en estos comicios el voto de un soriano haya tenido un impacto en el resultado final casi cuatro veces superior al de un madrileño o un barcelonés.

Son muchos los que desde hace tiempo reclaman la modificación del actual sistema electoral con el objetivo de garantizar el principio de «un hombre, un voto». Existen para ello varios caminos posibles. Si lo que se pretende conseguir es que el peso de todos los votos sea idéntico, solo es posible lograrlo de un modo: utilizando una única circunscripción que englobe al conjunto del censo electoral, tal y como sucede en la elección de las cámaras bajas de países como Holanda o Israel.

También se alcanzaría una situación bastante próxima a la igualdad ideal si se estableciese un sistema electoral que prorratearse los escaños entre las distintas circunscripciones -ya fuesen provincias o comunidades autónomas-, siguiendo exclusivamente un criterio poblacional. El principal escollo con el que tropiezan estas reformas es que precisarían de un cambio de carácter constitucional, cuya aprobación requiere de una mayoría de tres quintos en ambas cámaras.

Existe un segundo escenario, más verosímil que el anterior, que no necesitaría de modificación constitucional alguna. Esta alternativa consistiría en reformar la ley electoral para reducir de los dos escaños actuales a solo uno la asignación mínima otorgado a cada provincia. De esta forma, aunque no desaparecerían por completo las desigualdades, sí se verían al menos suavizadas en el marco de lo que es constitucionalmente posible.

El peaje que habría que pagar a cambio de una menor desigualdad del voto sería, sin embargo, el recrudecimiento en la lucha por conseguir un diputado en aquellas 28 provincias con cinco o menos escaños, de modo que se aumentaría la desproporcionalidad y se dificultaría la representación del pluralismo político en esos territorios.

Sea como fuere, el alto nivel de desigualdad en el valor del voto de cada ciudadano del que adolece el sistema electoral español, merece figurar en el actual debate sobre la regeneración democrática de nuestro país.