Llegar lejos para acabar retrocediendo

El movimiento soberanista de Quebec vivía a mitad de los noventa un momento dulce de apoyo electoral y poder institucional. En las elecciones federales de 1993 alcanzó el 49% de los votos de la Belle Province y, por sesgos del sistema mayoritario, se había convertido incluso en el principal partido de la oposición de toda Canadá lo que le proporcionaba un enorme protagonismo parlamentario a nivel estatal; tanto en visibilidad pública como en influencia legislativa. Por supuesto, controlaba también el poderoso gobierno autónomo y en 1994 el Parti Québécois había vuelto a conseguir una clara mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de la provincia (que es, por cierto, un oxímoron terminológico muy propio de la política canadiense).

Ese auge parecía beneficiarse de que el nacionalismo quebequés hubiera asumido un discurso radical e incluso identitario frente al Canadá anglófono. Por eso, sus líderes decidieron aprovechar el momento para convocar un segundo referéndum de independencia (en 1980 se había celebrado otro donde había triunfado la opción unionista con bastante margen). Ottawa advirtió que la consulta era unilateral, la pregunta confusa y que no reconocería un eventual triunfo secesionista pero permitió que la votación tuviera lugar y se implicó para que finalmente venciera el “No” por apenas unas décimas porcentuales. Pese a la derrota, el soberanismo proclamó que el objetivo estaba a tocar y que la secesión caería pronto, como fruta madura.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sin embargo, aquella fue más bien la víspera de su  declive porque la sociedad quebequesa –tensionada por aquella fractura que vivió tan intensamente y enfrentada a una reacción federalista que se plasmó en la ley de la Claridad- fue abandonando gradualmente su apoyo al independentismo que hoy ronda el 30%. Los soberanistas alcanzaron hace semanas el peor resultado desde los setenta en unas elecciones canadienses y el año pasado no sólo perdieron el gobierno provincial a manos de los liberales federalistas sino que, además, están ya empatados con una opción nacionalista moderada y contraria a nuevos referendos (el CAQ).

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Los ideólogos del procés, que tanto acuden al referente de Quebec, se sienten seguramente incómodos con ese desarrollo de los acontecimientos y, sin embargo, harían bien en tener en cuenta los enormes riesgos en los que están incurriendo para la propia causa del nacionalismo catalán. El cálculo coste-beneficio que Artur Mas hizo en el 2012 fue, por decirlo suavemente, superficial. Parecía que abrazar el independentismo sólo podía traer ventajas: la estatalidad misma en el mejor de los casos y, si no, una amplia panoplia de logros intermedios: un encaje confederal o mejor financiación; amén de hegemonía electoral. Los costes no parecían existir. Y se lanzó a una piscina llena de agua soberanista.

Pero la realidad parece estar siendo distinta. Dentro de unos días se certificará (al combinarse el nuevo multipartidismo español con la erosión y autoexclusión de Convergència en el futuro Congreso de los Diputados) una enorme pérdida de la capacidad que desde 1982 disfrutaba CiU para enmendar leyes y moldear presupuestos del Estado. Y desde hace unos meses, en el Parlament, el principal partido de la oposición ya no es catalanista sino una opción expresamente hostil al “nation-building” llevado a cabo por la Generalitat desde 1980.

Ciudadanos aspira incluso a ser la fuerza más votada compitiendo para ello con otra formación que pide el referéndum pero que, en su caso, se inclinaría por pedir el 'no' a la ruptura con España y que se proclama postnacionalista. Es más, los sondeos sobre lo que sucederá en las zonas urbanas e internas de Catalunya apunta a una tendencia nada menor: la progresiva ruralización del voto nacionalista.

El soberanismo, enfrentado en este momento a la realidad de una Catalunya muy dividida sobre la secesión, a un Madrid más poderoso de lo previsto y determinado a no permitirla, a un entorno internacional muy reacio, e incluso a las enormes dificultades para investir al 'president', se consuela diciendo que “'mai no havíem arribat tan lluny'”. Pero podría ser que -como pasó en Québec hace justo veinte años- la ascensión que cree haber recorrido haya llegado a la cúspide y ahora afronte la cuesta abajo. Una cuesta que posiblemente no termina en el punto de partida sino en una posición sistémica mucho peor a la de 2012.