Regar con personas

Durante las últimas décadas la superficie de regadío de Catalunya ha tenido diversas ampliaciones. Entre los nuevos regadíos destaca por su importancia el canal Segarra-Garrigues. Poner unas tierras en regadío permite ampliar las opciones productivas, estabilizar la producción y obtener unos rendimientos productivos más elevados. A su vez, el regadío puede multiplicar el valor añadido en el propio sector agrícola y generar un destacable efecto inducido en otros sectores relacionados, con lo que ello conlleva de impacto positivo sobre el empleo y el sostenimiento de la población rural. Sin embargo, estos impactos positivos dependen de qué se cultiva y de quién cultiva.

Acerca del qué se cultiva, un reciente estudio sobre rendimientos comparados de secano y regadío en el altiplano de Lleida indica que, de promedio, regar una hectárea de trigo a plena dotación puede doblar el valor de la producción de secano, si se trata de almendros puede multiplicar por 11,6, en manzanos por 31,1 y si se riegan tomates en modo intensivo la producción puede llegar a multiplicarse por 44. Potencialmente todos estos cultivos pueden tener una rentabilidad sobre el capital positiva pero su incidencia sobre empleo será muy distinta.

Un ejemplo extremo de todo ello son las plantaciones de chopos o eucaliptos que se están iniciando en los nuevos regadíos. Es una opción legítima, que cuenta quizá con una adecuada rentabilidad sobre el capital invertido, pero con valor añadido muy bajo, sin apenas influencia, o con incidencia negativa, en dinámicas sociales del territorio que acoge la plantación. ¿Es, pues, alternativa adecuada desde un punto de vista de políticas de desarrollo?

UNA TAREA COSTOSA

Hay que tener en cuenta que el regadío es una infraestructura costosa, financiada en buena parte con recursos públicos, razón por la cual el retorno económico-social de la infraestructura a la sociedad resulta esencial. Retorno que se produce al dotar de viabilidad a las explotaciones agrarias en zonas con limitaciones por aridez, al multiplicar el valor añadido producido, al generar empleo, al evitar el éxodo rural y el abandono de tierras de cultivo. En resumen, el regadío es el mejor aliado a favor del equilibrio territorial. Por ello, ¿tiene sentido renunciar, desde las administraciones públicas, a estos objetivos o simplemente no contemplarlos? Sin duda, existen instrumentos para incentivar u orientar la adopción del regadío en una dirección más eficiente en términos de desarrollo rural.

Acerca del quién cultiva, el regadío transforma la estructura de las explotaciones agrarias. Por ejemplo, un cerealista con 200 hectáreas de secano al poner las tierras en regadío y, a su vez, cambiar el cultivo hacia hortalizas puede pasar de no precisar mano de obra -además de la propia- a convertirse en el gerente de una empresa con varias decenas de trabajadores. Es una transformación teóricamente posible pero en la práctica cuenta con barreras difíciles de soslayar: por una parte requiere una inversión muy importante y, por otra, precisa una capacidad empresarial notable. Por esta razón la evolución hacia modelos más transformadores se realiza muy lentamente o a partir de la iniciativa de grandes empresas consolidadas. Según el modo cómo se efectúe la transformación los impactos en las estructuras productivas y sociales serán también muy distintos.

Una de las posibles -pero real- de las opciones, liderada por grandes empresas financieras o comerciales, se basa en la sustitución de las estructuras empresariales originales, formadas por múltiples explotaciones agrarias, que son relevadas por una gran empresa con trabajo asalariado. Este cambio genera un impacto social importante, pero además, desde un punto de vista estratégico, no parece oportuno prescindir de estructuras que han demostrado su resiliencia ante la crisis y su capacidad de adaptación ante los embates de la competitividad global.

Una alternativa, ante el reto del regadío en un entorno competitivo, que no destruya el potencial de una sólida estructura de medianas explotaciones agrarias puede provenir de dos vías igualmente válidas. Una de ellas requiere el concurso de una empresa externa que aporta capital y garantiza la comercialización pero sin romper las estructuras productivas iniciales, fijando relaciones económicas que compensen a empresa y agricultores. La otra vía parte de los propios agricultores a partir de su capacidad para agruparse como cooperativa o empresa agraria, una alternativa preferible si no contemplamos las dificultades para articular voluntades alrededor de una propuesta cooperativa. En cualquier caso, ante el conjunto de opciones las políticas públicas de desarrollo rural deben abandonar la posición de laissez faire.