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Análisis

No son balanzas fiscales

GUILLEM LÓPEZ-CASASNOVAS

La balanza fiscal, tal como se entiende convencionalmente, calcula la diferencia entre los gastos que el Gobierno central realiza en un territorio y los ingresos que obtiene en el mismo. Está claro, por tanto, que lo publicado por el Ministerio de Hacienda, como ya lo hizo el año pasado, no son stricto sensu balanzas fiscales. Una balanza valora el gasto en un territorio, no supuestamente para un territorio y lo hace a partir de los impuestos pagados por los ciudadanos de aquel territorio, no por los que se estima que soportan finalmente las cargas fiscales.

Las cuentas regionalizadas que ahora nos presentan no son balanzas fiscales tal como se ha entendido desde siempre en Catalunya, siguiendo las dos metodologías acordadas por los académicos.

En las cuentas que elabora el ministerio no tiene importancia dónde se recauda y dónde se gasta. Comprueba si se beneficia en términos netos (técnicamente, carga-beneficio) a quienes la Administración central quiere beneficiar.

Este enfoque es el que ha acabado mareando a la perdiz de la confusión. Las cuentas regionales que acabamos de conocer lo que muestran es, precisamente, lo contrario de las balanzas fiscales territoriales. Parten de un sector público central y unificado, y asignan los ingresos y el gasto efectuado por sus distintos entes de acuerdo con unos criterios de incidencia no demostrados.

A quién beneficia

No importa quién gasta y dónde gasta, vienen a decir, sino a quién beneficia residualmente ese gasto. Con esta visión centralizadora, las autonomías son superfluas. Si solo cuentan las personas y no las jurisdicciones fiscales, ¿para qué tanta descentralización, empezando por la entidad autonómica?

Financiado por Hacienda, un equipo partidista, con metodología sesgada, contraria a la que se acordó en el Instituto de Estudios Fiscales, ha divulgado las cuentas regionalizadas en época estival para atizar el fuego de la solidaridad interterritorial. Desprecian el método de cálculo del flujo monetario, el apropiado para las balanzas fiscales territoriales, como se entiende en Catalunya, que consiste en imputar los ingresos al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen y asignar los gastos allí donde realmente se realizan.

Si el lector cree que estos dos conceptos, dónde se recauda y dónde se gasta, no son importantes, sería oportuno que se preguntara: ¿Por qué se concentra tan gran gasto público en Madrid, en supuesto beneficio de todos los ciudadanos, y no se descentralizan las sedes por toda la geografía hispana? Si dónde se gasta no importa, ¿por qué no lo hacemos con criterios federales?

Si, por contra, el contribuyente catalán quiere exigir a la Administración central qué se hace con sus impuestos, que olvide esta nueva aportación de Montoro y pregunte: ¿Si nos pudiéramos financiar a partir de nuestros impuestos, cómo aumentaría nuestra capacidad de gasto en comparación con la actual? Que Madrid, con estos datos, sea tan solidaria, ¿no es extraño?

Ante el reto soberanista catalán surgen de nuevo estos datos fiscales, para consumo político y para revisar las propuestas de financiación autonómica un año después de que haya caducado.