10 abr 2020

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El tablero político de Catalunya

La (im)probable (in)dependencia

Joan Campàs

Convergència y Esquerra están más preocupadas por ganar escaños que por variar el statu quo

¿Por qué se da por supuesto que una mayoría parlamentaria en Catalunya a favor de la independencia es un requisito necesario y suficiente para que se convierta en un estado independiente? Los argumentos utilizados por el Consell Assessor per a la Transició Nacional para legitimar un referéndum o unas elecciones plebiscitarias se fundamentan, básicamente, en el hecho de que Catalunya es una nación. La legitimidad histórica, la democrática y el problema del encaje de Catalunya dentro del Estado español, descritos en el informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya, se sintetizan en el carácter de sociedad nacional diferenciada de Catalunya. En definitiva, se afirma que somos una nación y esto nos da derecho a votar.

Primer problema. Recordemos lo que afirmaba José rtega y Gasset en 1910  -«Dado que España no existe como nación, el deber de los intelectuales es construir España»-, y lo que declaraba en los años 60 Joan Fuster: «Ni el Espíritu Santo ni usted ni yo, ni don José Ortega y Gasset, sabemos qué es una nación». ¿Cómo se entiende que ni en el Diccionari d'Història Universal Chambers (1995) de 1.154 páginas ni en el Diccionari d'Història de Catalunya (1993) de 1.184 páginas, ambos editados por Edicions 62, no aparezca el concepto de nación? ¿De qué hablamos, pues, cuando hablamos de nación? ¿Cómo se puede fundamentar un discurso en un concepto que, al parecer, históricamente no está claro? ¿Cómo se pueden hacer derivar derechos de un ente que no sabemos exactamente qué es, y cuando el statu quo actual, derivado del tratado de Westfalia de 1648, solo reconoce el Estado como única autoridad sobre su territorio y población?

Dos referentes que se suele considerar cercanos son, por un lado, Quebec y, por el otro, Escocia. El tribunal canadiense reconoce que, si una comunidad plantea la independencia, es necesario que pueda hacerlo y que las otras partes de la federación le permitan expresar su voluntad, aunque ni la Constitución permite esta separación ni tampoco existe ninguna norma de derecho internacional que la ampare. Pero, en el supuesto de que los resultados fueran favorables a la independencia, el tribunal afirma que no sería inmediatamente vinculante, sino que obligaría a abrir una negociación con Quebec para establecer las bases de su separación o las nuevas formas de integración.

En cuanto al caso de Escocia, solo hay que recordar que Gran Bretaña se formó por un acuerdo votado (Union Act, 1707), y que no tiene Constitución escrita. David Cameron (el Estado) permitió el referéndum escocés modificando una ley de la Scotland Act, a pesar de no reconocer en el gobierno escocés competencia para convocarlo. Un resultado favorable no suponía separación inmediata sino la apertura de negociaciones entre los dos gobiernos.

En ambos casos queda claro que, después del voto afirmativo, hay que iniciar negociaciones con el Estado.

Segundo problema. El informe del Consell Assessor pasa de puntillas sobre esta cuestión y afirma que, ante una respuesta afirmativa, el Estado «estaría obligado a abrir el proceso correspondiente a la vía iniciada por Catalunya: la revisión constitucional o bien la negociación directa con la Generalitat» (pág. 118). Y, si el Estado no negociara, habría que recurrir a la mediación internacional. Pero no explica cómo se lleva a cabo esta mediación, ni si existe en el mundo algún tribunal o instancia competentes a los que se pueda someter la resolución del conflicto. Pero, ¿por qué el Gobierno español, amparándose en los artículos 1 y 2 de la Constitución, tendría que sentarse a negociar la independencia con Catalunya, cuando ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el Estatut del 2006 y el recorte del Constitucional el 28 de junio del 2010? ¿Por qué tiene que ser creíble el argumento de que la vía de la reforma de la Constitución no es viable, dado que PP y PSOE no están por la negociación, pero, por el contrario, estos partidos sí se sentarán a negociar un proceso de independencia de Catalunya? La situación actual no es sostenible; pero, en una negociación, ¿qué tendría que ceder el Govern? ¿La independencia? Los modelos históricos actuales nos indican que a la independencia se accede por la vía de la guerra, la revolución o un acuerdo pactado (Chequia). Si Catalunya lo lograra por la vía pacífica y democrática, habría que modificar estos modelos. ¿Imposible? No. Solo improbable. Sobre todo viendo a Convergència y Esquerra más preocupados por crecer en escaños que por modificar el statu quo dominante. Y no quiero ni pensar cómo reaccionará el Estado central si el 27 de septiembre no se logra una mayoría independentista.