27 may 2020

Ir a contenido

Una propuesta innovadora de modelo de financiación

Rocío Martínez-Sampere

Desde el inicio de la democracia y la recuperación del autogobierno, Catalunya ha negociado y acordado siete pactos fiscales o modelos de financiación.

Todos han significado una mejora respecto al anterior pero ninguno, aceptémoslo, ha sido el modelo definitivo y solucionador de todos nuestros problemas --aunque un rápido repaso a la hemeroteca demuestra que así fueron tachados por sus negociadores, se digan Mas y Aznar o Castells y Zapatero. La prueba más evidente de lo que estoy afirmando es que a día de hoy no hay ningún grupo político del plural parlamento catalán que defienda quedarnos con el modelo de financiación hoy vigente.

Existe la percepción confirmada por todas las encuestas que una mayoría de catalanes creen que la financiación del gobierno de Catalunya no es sólo insuficiente sino que es injusta. Hay gente que afirma --no toda, no nos equivoquemos-- que se ha vuelto recientemente independentista por este motivo. Como también gente que afirma que un nuevo pacto con España tiene en la cuestión de la financiación uno de los elementos clave. Hace tan sólo dos años CiU abogaba por un pacto fiscal como el desatascador de muchos de los problemas. Es en este sentido que definir una propuesta sobre financiación sigue siendo algo importante en el debate político catalán y español; sobre todo para la credibilidad de los que defienden la bondad del pacto por encima de la ruptura.

El modelo de financiación es un tema político. Pero es también un tema técnicamente complejo y en el debate público se suelen confundir y mezclar conceptos. Déficit fiscal y (mal) modelo de financiación se equiparan aunque no estén siempre relacionados (la inversión del AVE en Figueres, por poner un ejemplo, disminuye el déficit fiscal sin tocar el modelo de financiación). O también la confusión sobre las bondades del sistema de concierto frente al de reparto (régimen común) cuando sabemos que los mayores recursos del sistema de concierto vienen por cómo está definido y calculado el cupo más que por el régimen en sí mismo (podemos imaginar perfectamente un sistema de concierto que obtenga por la CCAA menores recursos : 60 (100-40 de cupo) que un modelo de reparto 30-70 para la CCAA, por poner un ejemplo sencillo, y ficticio).

Por tanto, a pesar de las complicaciones, no es tan preocupante poder definir técnicamente un buen (y justo) modelo de financiación. Las posibilidades son múltiples y las fórmulas también. Pero como decía es un tema político. Básicamente político. Y la experiencia de todos estos años pactando modelos de financiación nos da dos lecciones políticas importantes que son las que creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de definir una propuesta. En primer lugar sabemos que no ha habido nunca un modelo de financiación donde alguna CCAA salga perdiendo. Esto implica que el gobierno central debe poner recursos adicionales para compensar a las CCAA 'perdedoras' (12.000 millones de euros añadió Salgado en el último modelo). En segundo lugar, también sabemos que lo que distorsiona los resultados y la justicia del modelo es la existencia de fondos complementarios (como el fondo de competitividad) y que es justamente en el reparto de estos fondos donde el gobierno central puede --impunemente-- incumplir... y de hecho lo hace reiteradamente.

La propuesta que efectuó el primer secretario del PSC Miquel Iceta tiene en cuenta estas restricciones ya que propone un desplazamiento de los recursos del gobierno central a las CCAA (en este caso con una quita de la deuda autonómica en lugar de recursos adicionales) y un blindaje constitucional de la ordinalidad y por tanto de la justicia del sistema.

Es ciertamente una propuesta posible pero no exenta de dificultades. Sabemos que la ordinalidad constitucional levantará urticaria en lugares donde sus votos son necesarios para aprobarla. Y sabemos también que el porcentaje de deuda del gobierno central es hoy ya tan elevado que una quita de deuda autonómica significativa no es sencilla.

Por ello conviene (ahora que están tan de moda los planes B) plantearse otras posibilidades. Una de muy obvia sería una bilateral entre Cataluña y España, con una disposición adicional en la constitución tal y como tiene por ejemplo el país vasco. Otra más atrevida e innovadora es lo que yo llamo federalismo del poder. Porque si algo está mal distribuido en España es el poder, el poder de poder decidir. Se necesita una redistribución del poder ciudadana y territorial. Fijémonos, si algo se ha incumplido del Estatut, más que el dinero, es el poder. Hemos recibido menos de lo que nos tocaba por el fondo de competitividad, sí, pero lo que no han ni empezado a desarrollar es el consorcio entre la agencia tributaria estatal y la catalana! El poder no se toca!

Por eso creo que podría funcionar un nuevo modelo de financiación que tuviera en cuenta esta restricción de facto. La más real. La que ocasiona más problemas. Esto definiría un modelo que en lugar de post-reparto (donde el estado central recauda y luego distribuye a las CC.AA según la fórmula definida en el modelo de financiación) fuera un modelo de reparto en origen. Entre sujetos que se reconocen políticamente. Es decir, un modelo donde las CCAA tuvieran el poder para definir y recaudar con sus agencias tributarias unos impuestos al 100% con los que llevar a cabo sus competencias y sus decisiones y el gobierno central tuviera el poder para definir y recaudar el 100% otros impuestos con los que llevar a cabo sus competencias y la solidaridad con las CCAA que la necesiten. Imaginemos, por poner un ejemplo, que Cataluña y su agencia tributaria recaudaran y tuvieran capacidad normativa sobre todos los impuestos directos (IRPF, IP, ISD...) y que el gobierno central y su agencia tributaria recaudaran IVA e IS. Este modelo no sólo sería transparente y clarificado, sería responsable de sus opciones fiscales (de sus decisiones), evitaría incumplimientos, y dejaría la solidaridad como un tema vertical entre gobierno central y CCAA y no como una discusión horizontal entre CCAA. Tiene además un beneficio añadido: se podría implementar rápidamente sin esperar recursos adicionales ni modificaciones constitucionales.

Es un modelo nuevo de verdad, de concepción. Un modelo que trastoca las lógicas con las que venimos trabajando desde la transición democrática. Planteémonoslo. Exploremos. Innovemos. Porque quizá esta segunda transición que todos decimos querer va más de hacer las cosas diferentes que no seguir haciendo lo mismo un poco mejor.