Las irregularidades del poder

La corrupción como forma de Estado

La perversión de los asuntos públicos no es en España un efecto de la primacía del libre mercado

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En la lucha contra la corrupción, algunos abogan por el fortalecimiento del Estado en detrimento de la regeneración social, que juzgan insuficiente en un contexto en el que el mercado, dicen, ha convertido al Estado en su chico de los recados. Mientras, proliferan las redadas contra tramas corruptas de políticos y empresarios. Es una manera de ver las cosas, de verlas por el retrovisor.

La corrupción no es un fenómeno que dependa inversamente de la percepción social que la población tenga del mismo. Saberlo todo de las tramas de corrupción no ha impedido que los partidos responsables de ella repitieran mayoría absoluta, porque es precisamente la corrupción lo que engrasa el sistema. Lo relevante de la corrupción no es que se sepa o se perciba, sino que es; y por tanto el análisis decisivo debe efectuarse sobre sus estructuras genéticas y no tanto sobre su percepción.

Que la corrupción es indisociable de la condición humana es obvio: la corrupción cero no existe. El tema es qué modelo institucional queremos, porque la corrupción como sistema administrativo es un indicador de la baja calidad de una democracia y de que el sistema en su conjunto sufre daños estructurales.

Desde el siglo XIX, e incluso antes, el comportamiento de nuestro sistema político y administrativo no ha sido precisamente ejemplar, ni siquiera regular, en lo que a corrupción se refiere. Dan fe de ello las épocas de caciquismos, bipartidismos, golpes de Estado, dictaduras, autarquías económicas, oligopolios, fracasos coloniales y estraperlos varios, muchos de ellos padres de fortunas presentes. En el caso español, la génesis de la corrupción no es achacable ni al liberalismo ni al mercado, porque es anterior al librecambio.

Debe negarse, pues, el simplismo de que la unión de poder político y mercado identifica a la madre y el padre de la corrupción. La corrupción, aquí, es una manera de gobernar que se viene ejerciendo con sumo éxito desde tiempo inmemorial, y eso a pesar de quienes no están dispuestos a ceder ante el fenómeno: funcionarios honestos, empresarios y gentes del mercado neoliberal, entre otros. Asociar mecánicamente neoliberalismo y corrupción, neoliberalismo y desprecio de lo público o neoliberalismo y redes clientelares es ignorar mucho. Es ignorar que la corrupción no tiene ideología; es ignorar que la corrupción como sistema administrativo es anterior al liberalismo, al socialismo e incluso al cristianismo; es ignorar que la corrupción se corresponde con una profunda crisis del sistema que viene de décadas. De hecho, en España, como indica Alejandro Nieto, la corrupción es el modo de gobernar del sistema partitocrático que ha secuestrado la democracia representativa adueñándose del Estado. De nada servirá dotarlo de más medios si es el Estado mismo el que está en crisis.

Curiosamente, no es el capitalismo en sus múltiples lecturas el que está en descomposición. Al menos no está en crisis en la medida en que sí lo está el Estado en nuestro entorno europeo: decapitado por arriba (en Bruselas) -sin moneda, sin política monetaria ni financiera, prácticamente sin política exterior, sin Ejército, sin banco central-; amputado por abajo (aquí) -incapaz de articular un objetivo común que implique al conjunto de sus ciudadanos, corroído por la tumoración burocrática, impotente para ejercer como tal en el concierto mundial-.

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De las 100 primeras economías mundiales, muchas son empresas, no estados. Ya no podemos ubicar al Estado en un diálogo -falso- entre lo público como interés general defendible y lo privado como interés particular condenable. Entre lo público (necesario por cuanto materializa un interés homónimo pero también ineficiente) y lo privado-individual (también necesario por cuanto entraña el ámbito máximo de libertad pero con frecuencia egoísta en extremo) emerge el interés común como algo ajeno a ambos y a la vez sintético. El procomún, que abarca el interés general sin ser público ni privado: el paisaje, el medioambiente, el derecho al silencio, las tradiciones...

Bien podría decirse lo mismo de un mercado y una Administración eficientes, muy limitadamente corruptos (el nivel cero no existe): en la medida en que este interés general es a la vez público y privado, en todo caso es interés común. Ello nos conduce a un nuevo entorno regulatorio, donde el derecho público y privado clásico son insuficientes, donde es preciso explorar la autorregulación y el diseño institucional abierto, participativo, transparente, para situar la corrupción en niveles asimilables y en un contexto en el que lo que conocimos como Estado será ya otra cosa, menos corrupta.