¿Y si hablamos de reconciliación?

El 28 de diciembre del 2013 el colectivo de presos de ETA (EPPK) hacía público un comunicado por el que, de acuerdo con las recomendaciones del Foro Social de Euskal Herria, decidía sumarse al rechazo de la violencia («a partir de ahora (...) utilizaremos vías y métodos políticos y democráticos (...) y renunciaremos al uso del método utilizado en el pasado») y admitía la legalidad penitenciaria y la reinserción individual («podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa (... ) se efectuara utilizando los mecanismos legales... [y que este] se haga de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial»). También se reconocía «el sufrimiento y el daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Es decir, que el EPPK aceptaba los requisitos de la vía Nanclares: rechazo de la violencia, reconocimiento de los daños causados, aceptación de la legalidad penitenciaria y reinserción individual de los presos.

El 4 de enero, en un acto en Durango, 63 presos excarcelados por la derogación de la doctrina Parot se solidarizaban con el comunicado del EPPK, reafirmaban la decisión de ETA de «dejar definitivamente las armas», aceptaban toda su «responsabilidad en relación a las consecuencias del conflicto» y mostraban su compromiso «con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la izquierda aberzale». El acto fue condenado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y los sindicatos policiales y criticado por el PP, el PSOE y UPD. Cuatro días más tarde, la Guardia Civil desmantelaba el Grupo de Coordinación (KT, Koordinazioa Taldea) con la detención de ocho abogados acusados de pertenecer a ETA y de los encargados del control de los presos y de hacerles llegar las instrucciones de la organización armada. Tres días más tarde tenía lugar en Bilbao una gran manifestación, convocada por el PNV y Sortu bajo el lema Derechos humanos. Solución. Paz, para reclamar el acercamiento de los presos.

Finalmente, el 19 de enero el diario Gara difundía una comunicación interna del comité ejecutivo de ETA en la que se reafirmaba en «el abandono de la lucha armada». Asimismo, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, afirmaba que ETA estaba derrotada y que los gobiernos español y vasco debían liderar este proceso para evitar que lo hiciera la izquierda aberzale. En suma, todos estos movimientos evidencian que se ha llegado al final de ETA y que se ha entrado en la fase posviolenta del conflicto, en la que los caballos de batalla son el tema de los presos y el relato que quedará de las más de cuatro décadas de violencia, sin olvidar a las víctimas del conflicto.

Es ahora cuando cobran sentido voces que desde hace unos años trabajan para hacer posible la reconciliación de una sociedad fracturada por la violencia. Entre estas voces destaca la del obispo emérito de San Sebastián Juan María Uriarte, que en 1998 fue mediador en las conversaciones entre la dirección de ETA y el  Gobierno de José María Aznar y que en un trabajo reciente (La reconciliación, Santander, 2013) reflexiona desde las bases del pensamiento cristiano sobre este concepto. Conviene retener algunas observaciones.

La reconciliación es un acto de libertad que no se puede imponer por decreto: en el caso de las víctimas es un derecho individual apostar por la reconciliación con los responsables del dolor sufrido, pero nunca una obligación dado el daño irreparable a que se han visto sometidas.

Es conveniente fundamentar la reconciliación en conceptos sólidos, éticamente contrastados y acompañados de medidas (verdad, justicia, perdón y diálogo) que desbrocen el camino de la convivencia pacífica en una sociedad rota por la violencia. Hay, no obstante, un tiempo para pasar del «sufrimiento al dolor». El perdón, por lo tanto, necesita tiempo y una reparación previa hacia las víctimas, pero sin un «perdón difícil y generoso no es posible la auténtica reconciliación», remacha el obispo Uriarte, que a la vez reclama a ETA su desarme y disolución, al Gobierno que «dulcifique» la política penitenciaria y a todas las víctimas que se esfuercen en perdonar.

No será fácil la reconciliación, pero es urgente para garantizar el futuro. Y, por tanto, las bases hay que empezar a construirlas desde ahora mismo (reuniones entre algunas víctimas y presos de ETA como las que han tenido lugar en la prisión de Nanclares o entre familiares de víctimas de ETA y de los GAL). Sería bueno que este camino no fuera obstruido por motivaciones políticas o fines partidistas -como insinuaciones equiparando la violencia vivida en Euskadi con una inexistente fractura de la sociedad catalana provocada por el proceso independentista- o jurídicas, como mantener en prisión a algunas de las personas que más han hecho por el giro político de la izquierda aberzale.