Inteligencia competitiva y marca-país

El consorcio empresarial liderado por Sacyr (e integrado, entre otras compañías, por la panameña Cusa) adjudicatario de la ampliación del canal de Panamá ha suspendido las obras alegando unos sobrecostes y reclama 1.600 millones de dólares más, a sumar a los 3.120 del contrato. Resulta que la panameña Cusa está dirigida por Rogelio Alemán, primo de Alberto Alemán, administrador del canal y adjudicador de las obras. Resulta también que en su día la oferta de Sacyr fue exageradamente inferior a la de 4.200 millones de dólares de la compañía estadounidense Bechtel, que denunció la temeridad que suponía el precio ganador. Desde el jueves pasado, las acciones de la compañía española, cuyo mayor accionista es Demetrio Carceller (Damm y Pescanova), se han hundido en la bolsa. La principal razón esgrimida para reclamar el sobreprecio es el retraso de las obras por el rechazo de los técnicos del canal a la mezcla de cemento propuesta.

El caso supone otro tropiezo para Sacyr, que de declarar unos beneficios de 506 millones de euros en el 2009 (año de la adjudicación del canal) pasó a unas pérdidas netas de 1.604 millones en el 2011 y de 977,5 millones en el 2012 a pesar de contar con pedidos por valor de 40.232 millones, de apostar por la internacionalización y de ganar contratos en el 2013 en Escocia, Bolivia, la India y Mozambique. Curiosamente, la compañía declaró en junio pasado que las obras del canal avanzaban a plena satisfacción del contratante.

Y también otro tropiezo para la marca-país en la medida en que el caso es el resultado de la internacionalización de las empresas. Hoy cotiza a la baja en los foros económicos mundiales por sucesos como este o similares (la expropiación de Repsol en Argentina, el caso del falso representante de Gas Natural Fenosa en Ucrania firmando falsos contratos de 850 millones de euros, la guerra del pepino en Alemania…).

En el caso de la ampliación del canal de Panamá, Estados Unidos consideró estratégico para sus intereses el concurso porque la oferta de Bechtel (que finalmente perdió frente a Sacyr) suponía compras a proveedores estadounidenses por valor de 1.200 millones de dólares. Como muestran las filtraciones de Wikileaks, la inteligencia económica de EEUU fue muy activa en defensa de sus empresas, hasta el punto de contactar directamente con los concursantes, con el asesor independiente y con la autoridad del canal para convencerles de que Sacyr estaba técnicamente quebrada y no podría ejecutar el proyecto y de que el Gobierno panameño tenía serias dudas sobre la capacidad de la empresa. EEUU incluso consiguió que el propio vicepresidente panameño declarase en diciembre del 2010: «El proyecto de ampliación del canal es un desastre y en dos o tres años será obvio que ha sido todo un fracaso, porque cuando uno de los licitadores hace una oferta 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente hay algo que está muy mal».

Sirva ello como ejemplo de la utilidad directa de las actividades de inteligencia económica (a cargo de los estados) y competitiva (a cargo de las empresas) en un entorno global de guerra económica que obliga tanto a apoyar la acción exterior de empresas en concursos internacionales o tomas de posición para la apertura de mercados como a intentar contrarrestar la acción de competidores de otros estados en beneficio de los propios. Más allá de los beneficios directos aportados por la inteligencia económica y competitiva al desarrollo económico, no podemos perder de vista que estas actividades, que se desarrollan profesionalmente en un marco absolutamente legal tanto en el sector público como en el privado, también pueden ayudar a prevenir comportamientos empresariales dudosos: rebajas temerarias en concursos internacionales (puede ser el caso del canal de Panamá) u operaciones de intermediación poco fiables o transparentes. Se trata, en definitiva, de que las actividades de inteligencia económica y competitiva protejan tanto la marca-país y la economía en general, directamente afectadas por el comportamiento internacional de nuestras compañías, como el valor patrimonial de estas.

Señores accionistas: si no quieren tener sorpresas, habitúense a solicitar informes de inteligencia competitiva, como ya es normal en otros países. No olvidemos que la marca-país no es más que la resultante de varios factores de muy delicada estabilidad: prestigio empresarial, transparencia y bajos índices de corrupción, entre otros. Así, un potente sistema de inteligencia económica y competitiva que oriente las grandes decisiones estratégicas del país y sus empresas y que sirva a la protección de sus intereses podría evitar perjuicios para todos: la economía, las empresas, los accionistas y los ciudadanos. Y que la marca-país se vea abierta en canal, aunque sea en Panamá.

Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB).