Ay, ay, ay...

Otro 25 de noviembre y de nuevo se habla de la violencia machista. Es el día, es el tema. Se levantan voces y otra vez… ¡Es un tema muy gastado! Los datos oficiales indican que este año murieron 44 mujeres. Es la parte más visible de la lacra ya que los cadáveres no pueden esconderse. Tras ellos, ese magma amplio e impreciso de la violencia a veces puntual, a veces leve, a veces visible, con heridas y otras veces invisibles, porque atacan el alma, la dignidad, la autoestima, la integridad personal. Tenemos leyes que han ido evolucionando, juzgados específicos, cuerpos de policía especializada, observatorios, protocolos y un sinfín de instrumentos conseguidos, pero no se avanza significativamente en el resultado.

LAS CAUSAS de la violencia son profundas. Ideológica y culturalmente asentadas y transmitidas ancestralmente. Lo que implica la complejidad del fenómeno y quizá por todo ello es por lo que tiende a sumergirse en la invisibilidad constante. Hasta los medios manifiestan su temor a saturar a la opinión pública por lo que el riesgo del silencio es cada vez más intenso.

Analizando la evolución de las medidas judiciales de protección a las víctimas, observamos que el número de órdenes de protección que los juzgados acuerdan ha ido en descenso: en el 2005 otorgaban el 79,50% de las solicitadas y en el 2011 ya solo el 66,9 %. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial no solo reflejan este descenso sino también que en una comparativa por comunidades autónomas resulta que en Catalunya es dónde menos órdenes de protección se conceden: 37%. Si no se acuerda la protección penal de alejamiento, prohibición de comunicar o cualquier otra, la denunciante no obtiene tampoco medidas de naturaleza civil (separación, custodia hijos, vivienda).

La mayor contradicción surge en los casos en los que el juzgado entiende que hay indicios de la violencia por ella denunciada y por lo tanto mantiene el curso del procedimiento penal pero no aprecia riesgo para la denunciante, por lo que vuelve a su casa a convivir con su agresor. En muchos de los casos en los que no se considera necesaria la protección, es debido a que el juzgado no da credibilidad a la mujer. La sospecha que se cierne sobre las víctimas de violencia de género tiene raíces históricas en nuestro derecho. No en vano quienes habían sufrido una violación tenían que probar ante el tribunal que se habían resistido, sin que tal requisito se exigiera en otro delito. Esa falta de credibilidad se hace extensiva a los testigos que ella propone, que con frecuencia no son admitidos cuando deben tomarse este tipo de decisiones. La violencia psicológica hacia la mujer, que está contemplada en el Código Penal, carece de virtualidad en la práctica. Existen ya instrumentos periciales que permiten su detección y diagnóstico y que a través de una evaluación médico-forense podrían ser tan útiles como los «partes médicos» de lesiones. Detectar y combatir la violencia psicológica además de la eficacia específica de prevención y castigo, traería el beneficio añadido de impedir la escalada de comportamientos en los agresores que la inician como antesala de ataques físicos en ocasiones muy graves.

De las 44 mujeres muertas este año, solo seis habían solicitado la orden de protección y dos renunciaron a ella, lo que indica que en muchos casos aun existiendo tan grave riesgo, las perjudicadas han pensado poder afrontarlo por sí mismas. Una de las fallecidas no obtuvo la medida solicitada por esas dudas. Solo ocho denunciaron. Gran parte de la violencia sigue oculta, porque se da en la familia, que es un espacio privado, porque la perjudicada está unida por lazos sentimentales al agresor, porque es el padre de sus hij@s y porque el miedo está intrínsecamente vinculado al propio delito.

POCAS DENUNCIAN, algunas se apartan y no ratifican, no acuden a declarar o se acogen al derecho a no hacerlo en tanto que parientes, pero muchas de las que lo hacen pasan por situaciones difíciles en la propia tramitación del caso. En la modernísima Ciutat de la Justícia suele tomárseles declaración en un espacio abierto de oficina con muchas mesas, funcionarias, declarantes, sin la precisa intimidad. Pueden estar tres o cuatro horas esperando en una sala sin ventanas exteriores, presenciando las entradas y salidas de otras mujeres en iguales o peores circunstancias, con el incremento de la angustia y desesperación que esto supone. Nadie parece recordar la extrema fragilidad de su situación, el enorme esfuerzo que supone verbalizar el ataque, saber que allí acaba la esperanza del «cambio» prometido por el agresor, del que probablemente aun estén recibiendo cantos de sirena a través del móvil.