28 mar 2020

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Lágrimas sobre mojado

Joan Ridao

El fallo del Constitucional sobre el Estatut deja la disposición adicional tercera como algo voluntario

El Estado ha presupuestado un 25,5% menos en inversiones en Catalunya que el año pasado; el 9% del total. Con todo, ante las quejas de los diputados catalanes, a quienes ha acusado de «llorar» injustificadamente, la secretaria de Presupuestos, Fernández Currás, asegura que el Estado ha aumentado de forma «continua y sistemática» las inversiones en Catalunya durante diez años y que ahora toca a otros territorios. Además, justifica el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut (DA 3ª), que obliga a invertir el equivalente a la aportación catalana al PIB estatal «porque no hay dinero».

Vamos por partes. El problema no es que haya menos dinero en caja, sino la forma como se distribuyen los escasos recursos disponibles. Así, la inversión está lejos de lo que corresponde por población (16,5%) o por PIB (18,4%). Esto, independientemente del agravio comparativo que supone, constituye un error estratégico en tanto que se penaliza un territorio dinámico. No en vano, en un contexto de crisis económica, la provisión de infraestructuras de servicio público es un factor clave en el relanzamiento de la competitividad y la creación de empleo. Además, son imprescindibles para maximizar la posición de Catalunya como puerta de la Europa mediterránea a fin de obtener una mejora de las conexiones con el resto de su entorno.

Si acaso, parafraseando a Fernández Currás, podríamos decir que llueven lágrimas sobre mojado. Hasta el 2007 (primer año de la entrada en vigor de la DA 3ª), que mandata al Estado a compensar la infrainversión acumulada durante siete años, el capital público en infraestructuras, siempre fue netamente inferior a la aportación al PIB. En concreto, en el periodo 2002-2009, la diferencia media entre el peso del PIB catalán y el porcentaje de capital público sobre el total fue del 5,5%, con lo que Catalunya perdió, en promedio, un crecimiento del PIB del 1,3%. Además, la ejecución real media de lo presupuestado por Fomento fue de un lacerante 79%.

Con posterioridad a la aprobación del Estatut, los Presupuestos del 2007 deberían haber consignado el equivalente al 18,85% del total de las inversiones (4.022 millones). Por el contrario, la cantidad asignada fue del 13,9%. A la vista de ello, el 17 de septiembre de ese año, un grupo de trabajo ad hoc, creado en el seno de la comisión bilateral Generalitat-Estado, acordó una metodología de cálculo de la disposición estatutaria, y un grupo de seguimiento. Se acordó que la metodología contemplaría el cálculo definitivo para el momento en que la Intervención del Estado validase las inversiones liquidadas, de forma que se corrigiera la cantidad para alcanzar la equivalencia al PIB.

La liquidación definitiva del 2007 se produjo dos años después, y fue igualmente de 3.209 millones, inferior en 500,7 a la que tocaba. Esto comportó un nuevo acuerdo para corregir la desviación (cláusula 6ª de la metodología), para acordar en el marco de la bilateral otros proyectos pendientes de determinar, e inicialmente no regionalizados. Entre el 2008 y el 2010, los Presupuestos dejaron sin asignar 722,8; 745,47 y 646,75 millones por este concepto .

Los últimos datos disponibles indican que, de acuerdo con las liquidaciones del 2008 y del 2009, ha habido nuevos incumplimientos, con cantidades no transferidas a día de hoy (759 y 259 millones), además de que la liquidación del 2010 ni se llegó a pactar. A partir de ese año, los Presupuestos no han consignado los recursos de acuerdo con la DA 3ª, ya sea por la política de austeridad o distributiva aplicada, ya sea por el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (del 2010), que lo desproveyó de la garantía normativa, reduciéndola a un mero principio rector voluntarista que no obliga al Estado, como han evidenciado crudamente las cuentas de los sucesivos gobiernos de todo signo.

Por tanto, no ha de extrañar a nadie que la inversión haya experimentado una drástica disminución, siendo la comunidad con un mayor descenso en recursos per cápita presupuestados, a pesar de ocupar la cuarta posición en PIB per cápita, hasta el punto de que en el 2014 se situará en torno a las cifras de 1999.

El fracaso en la aplicación de la disposición transitoria tercera es constatable, y el esfuerzo para reclamar lo que la lógica económica dicta, infinito. La mayor parte de la inversión estatal proviene, además, de un discutible criterio redistributivo y no de eficiencia, por lo que Catalunya sigue acumulando un déficit atávico de infraestructuras, que, en este momento de crisis, se suma a las restricciones presupuestarias y se hace del todo insoportable. También firma este artículo M. Àngels Cabasés. Ambos son autores de La inversió en Infraestructures de l'Estat a Catalunya durant el període 2007-2012.