La reforma de las pensiones

Hace unos días se dio a conocer el informe elaborado por una comisión de expertos designada por el Gobierno español a fin de estudiar el llamado factor de sostenibilidad del sistema del sistema público de pensiones. Bajo la falsa apariencia de neutralidad de datos técnicos, y con el objetivo declarado en el mismo informe de intervenir en el debate sociopolítico, autocalificada como una obligación intelectual de opinión, dice que hay que reformar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones porque con la esperanza de vida y el crecimiento demográfico no es posible mantenerlas en los mismos niveles que ahora, y no hacerlo en el 2027 como estaba legalmente previsto, sino en este preciso momento, ya que la crisis económica ha forzado un replanteamiento urgente de la situación.

Para formular este factor de sostenibilidad que da título al informe se utilizan dos parámetros: el factor de equidad intergeneracional (FEI) y el factor de revalorización anual (FRA). Resumidamente, el primero significa que dependiendo de la esperanza de vida de cada momento se aplicará un coeficiente reductor, de modo que, tal como se calcula en el propio informe, quien se jubile dentro de 10 años (2024) cobrará un 6,6% menos que ahora, y quien lo haga dentro de 30 años (2044) cobrará un 16,5% menos que ahora. Es decir, cuando más se vive menos se cobrará y así se castiga al que «se aprovecha» más del sistema, pero, eso si, a continuación se «invita» a los futuros pensionistas a contratar un plan privado de pensiones o a trabajar más años.

Podría pensarse que el segundo factor (FRA) hace referencia a la necesidad de que periódicamente se fuera aumentando la pensión, pero sucederá todo lo contrario, ya que está diseñado de manera que cuando haya menos ingresos en el sistema, la revalorización será menor , y cuando aumenten será mayor, pero si tenemos en cuenta que las aportaciones que se hacen y harán en el futuro van disminuyendo porque los sueldos bajan y porque la recuperación del paro se plantea muy a largo plazo, es evidente que en el futuro no habrá ningún tipo de aumento.

El panorama planteado es perverso, y por ello rechazable, por varias razones. El informe ni siquiera hace referencia a nuestro modelo constitucional que se basa en la suficiencia de las prestaciones sociales, y asimismo se olvida de la obligación de los poderes públicos de mantener pensiones dignas y suficientes, a pesar de que hipócritamente se haga referencia a la obligación social de «dar un horizonte sostenido en el tiempo de unas pensiones públicas adecuadas». Tengamos en cuenta que no es lo mismo la garantía de prestaciones mínimas, como línea que marca la situación de pobreza, que unas prestaciones suficientes, pues este concepto debe vincularse necesariamente con un nivel de vida digno.

Pero, por otra parte, si realmente se constata que los recursos no son suficientes para pagar las pensiones en el futuro, hay otras soluciones, como por ejemplo la que se ha propuesto desde diversos sectores, consistente en que se cotice por los ingresos reales eliminando el límite máximo de cotización, que ahora está en 3.425,70 euros mensuales.

Esto equivaldría a una verdadera progresividad y proporcionalidad en la aportación de recursos para el pago de las pensiones, pues en estos momentos, quien cobra menos de esa cantidad mensual cotiza el 100%, y quien cobra más, como que a partir de esta cuantía no debe cotizar nada, lo hace con un menor porcentaje respecto de las retribuciones percibidas. También hay otras soluciones, como la previsión de que los complementos de las pensiones hasta los mínimos se financien con cargo a los impuestos y no desde las cotizaciones, o incluso, que se fije un porcentaje fijo en relación al PIB a cargo los Presupuestos a fin de garantizar las prestaciones suficientes.

Y, finalmente, no se tiene en cuenta que nuestro sistema público de Seguridad Social no es estrictamente contributivo, sino que estamos en un sistema de reparto o de solidaridad, es decir, no se cobra en función estrictamente de lo cotizado, sino que se hace sobre la base de fijar una pensión suficiente, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas solo para calcularla, pero financiada por el resto de contribuyentes.

En definitiva, el Gobierno ha pedido este informe, presuntamente técnico e imparcial, siguiendo como siempre las instrucciones de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional a fin de lograr un equilibrio presupuestario en dinero y con una verdadera intención: rebajar las pensiones y promover la contratación de seguros privados a favor de las entidades privadas de gestión de fondos de pensiones, dejando de lado a las personas y a sus necesidades.