La sombra de ETA

El 20 de octubre del 2011 ETA anunció «el cese definitivo de la actividad armada» al tiempo que instó a los gobiernos español y francés a «abrir un proceso de diálogo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto». El comunicado era la respuesta de una organización armada que ya no tenía posibilidad de influir en la agenda política, a la que las continuas detenciones de las fuerzas de seguridad españolas y francesas habían dejado sin capacidad operativa, y que había perdido el apoyo de la izquierda aberzale e, incluso, del Grupo Internacional de Contacto y de Lokarri, que cuatro días antes habían organizado en San Sebastián una conferencia de paz en la que se pidió a ETA el fin de la violencia.

EL 13 DE DICIEMBRE del 2012, Iñigo Urkullu era investido lendakari y solicitaba el apoyo de los partidos de la oposición para consolidar la paz y la convivencia. Pocos días antes, el 21 de noviembre, Pernando Barrena, como portavoz nacional de Izquierda Abertzale-Sortu, declaraba en Barcelona: «Lamentamos el daño que de manera no deseada hayamos podido añadir a través de nuestra posición política o que desde la tarea de portavoz hayamos podido ocasionar. Y reconocemos que, en la crudeza de la confrontación, nos ha faltado hacia unas víctimas la sensibilidad mostrada con otras. Lo reconocemos sin ambages y deseamos que se acepte con la misma sinceridad con que hoy lo decimos» (Hablemos de reconciliación. Un encuentro con víctimas del conflicto vasco, 2013).

El año y medio transcurridos desde el comunicado de ETA y los seis meses de Gobierno del PNV no han servido, sin embargo, para asegurar totalmente el fin de violencia. El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho todo lo contrario de lo que cabe esperar en estos casos. Se ha negado a enviar una delegación a Oslo para reunirse con los representantes de la dirección de ETA (José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzábal) y negociar la situación de los presos; ha cerrado la vía Nanclares

-trasladar a la prisión alavesa a los presos que han condenado la violencia- y no ha llevado a cabo nuevas aproximaciones de reos a centros vascos, a pesar de la sentencia en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (julio del 2012). Ha mantenido la doctrina Parot (vigente desde el 2006) que aplica la reducción de penas por trabajo o estudios por separado a cada una de las sentencias y no al máximo total de prisión (30 años) que establecía el Código Penal en el momento de la condena. Y aunque el 12 de junio del 2012 era legalizado Sortu, Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga siguen cumpliendo condena por haber promovido la reorganización de la izquierda aberzale con la voluntad de rechazar la violencia. Rajoy tampoco ha dado respuesta a la hoja de ruta de Urkullu para proceder a la revisión de la política penitenciaria y aproximar a Euskadi a los presos que han renunciado a la violencia.

ETA no se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha mostrado arrepentimiento por cuatro décadas de lucha armada y más de 800 asesinatos. Tampoco ha vuelto a atentar. Pero las fuerzas de seguridad del Estado no se ponen de acuerdo sobre su situación, lo que Rajoy aprovecha para no hacer nada y dejar que el tiempo pase. Según la Policía, ETA está activa y en condiciones de retomar sus acciones. La Guardia Civil cree que ETA está muy debilitada y no tiene capacidad de acción, pero no descarta una escisión de los militantes más jóvenes y radicales, que podrían optar por reanudar las acciones armadas. Contrariamente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) apuesta porque ETA está terminada y ha perdido toda capacidad operativa.

SIN EMBARGO, sin una hoja de ruta para solucionar el tema de los presos -Rajoy ni la tiene ni la quiere tener- puede suceder lo que anunciaba el Sinn Féin en 1995: «Nuestra apuesta por el proceso de paz es de fondo y convicción. Toda una generación de republicanos hemos apostado por esta vía. Si, por lo que sea, fracasa, como el problema de Irlanda del Norte persistirá, será otra generación la que tomará el relevo». Un aviso para navegantes como el que se desprendía del comunicado de ETA del 17 de marzo, en el que advertía de que el rechazo del Gobierno del PP a negociar podría tener «consecuencias negativas» al suponer «un paso atrás... [que] aplaza y dificulta la resolución del conflicto». De hecho, es muy improbable que ETA mantenga capacidad operativa, pero sin abordar el tema de los presos no llegará el desarme y se corre el peligro de que aparezca una «próxima generación forzada a actuar militarmente, ya sea bajo las siglas de ETA o con otro nombre», tal como amenazaban dos miembros de la organización en una entrevista en la BBC en 1998. Rajoy debería mover ficha.