Autoritarismo aberzale

La libertad de expresión garantizada por cualquier Constitución democrática ha de dar cobertura a las manifestaciones más diversas de la libertad de opinión. Desde aquellas que forman parte de lo más excelso de la condición humana hasta las más miserables que también puede esconder la libertad de pensar de los seres racionales. La sociedad abierta fundada en el pluralismo político y la libertad como derecho indeclinable de la persona, permite que la libre expresión pueda dar cobijo a los argumentos y manifestaciones del pensamiento humano más diversos.

LA CONSTITUCIÓN como norma que regula los principios básicos de la comunidad política ha de garantizar esa diversidad de contenidos, no solo a aquellos que enaltecen al destinatario o que lo critican, incluso hasta el punto de resultar hirientes, como así lo reconoce el Tribunal de Estrasburgo (casos Handyside, 1979 y Lingens, 1986); sino también aquellos otros que expresen opciones políticas, sociales o de otro orden que resulten minoritarias y que, en ocasiones, puedan suscitar un generalizado rechazo social.

El límite infranqueable es, en todo caso, la interdicción de la defensa de los propios argumentos a través de la práctica de la violencia o con la directa incitación a la misma. En consecuencia, y como no podía ser de otra manera, en este amplio universo de posibilidades que la Constitución reconoce para ejercer la libertad de «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», el resultado puede ser de lo más diverso.

Por ejemplo, durante la larga actividad terrorista llevada a cabo por ETA una vez reinstaurada la democracia, ha sido norma común en el comportamiento de su entorno político no condenar nunca los atentados cometidos. El silencio lacerante o las retorcidas explicaciones sobre la resolución del conflicto vasco han sido la moneda habitual con la que este submundo totalitario ha respondido a las acciones criminales de todo orden cometidas. A mi juicio, este comportamiento es, en sí mismo, una forma de libertad de expresión política, sin duda miserable, pero libertad de expresión a la postre. Aunque no sea este el planteamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su sentencia sobre Batasuna de 30 de junio del 2009 en la que avaló la legislación española sobre partidos políticos, entendió que en ciertas circunstancias las omisiones o silencios pueden equivaler a tomas de posición o de apoyo expreso. Pero ahora, los tiempos afortunadamente han cambiado y la violencia directa parece desaparecida y cabe esperar que sea de forma definitiva. Sin embargo, no lo han hecho las prácticas políticas miserables de este entorno político.

Para muestra un botón: la coalición aberzale Bildu, que gobierna en la Junta Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y en otros municipios del País Vasco, se ha dedicado en los últimos días a invadir las paredes de San Sebastián con carteles en los que además de convocar una manifestación en apoyo al diputado foral responsable de medio ambiente de Bildu en la citada Junta, aparecen las fotografías de los diputados portavoces del PNV, PSE-EE y del PP que han criticado la gestión llevada a cabo por el cargo de la autodenominada izquierda arberzale en dicha área. Socialistas y populares han denunciado esta práctica que califican como «usos del pasado» y de «tics fascistoides».

Pues bien, no hay duda de que este tipo de singular práctica para anunciar una manifestación forma parte de la libertad de expresión política. Y que a diferencia de hace poco tiempo, ahora no señalan con la diana para amenazar con el arma. ¡Es un progreso! Pero tampoco la puede haber a la hora de calificarla como una forma de comportamiento miserable, pues pone de manifiesto que la crítica formulada por otros representantes políticos es rechazada hasta el punto, no de rebatirla con argumentos racionales sino de combatirla -combate sería la expresión más adecuada para el universo mental que define a esa coalición- con el pretendido escarnio público de quienes osan no compartir una determinada política de medio ambiente.

UNA POLÍTICA que cuando menos no deja de ser esperpéntica desde la lógica de la garantía de las libertades públicas: se trata de la gestión de la recogida de basuras a través del método llamado del puerta a puerta, que Bildu se propone aplicar en todos los municipios en los que gobierna y que obliga a separar los residuos -hasta aquí, ninguna objeción- y señalar a la familia de procedencia, lo cual ya es una cosa bien distinta, en la medida en que no se acierta a ver por qué el usuario del servicio público se deba ver identificado en una pared del municipio. Pero, en fin, lo más relevante a los efectos de analizar las prácticas políticas de esta coalición, que traslucen un explícito autoritarismo propio de una política de tribu, es el hecho identificar y escarnecer al crítico que discrepa con los autoungidos como salvadores de la soberanía del pueblo, en un aquelarre ciudadano, más propio de sociedades predemocráticas.

Catedrático de Derecho Constitucional de la UPF