Reforma constitucional, ¿y ahora qué?

La reforma de la Constitución que incorpora la estabilidad presupuestaria aprobada por el PSOE y el PP en las Cortes ha generado muchas dudas por el fondo y por la forma. La reforma de la Constitución de 1978 parecía hasta ahora imposible ante la falta de mayorías suficientes. La justificación de la necesidad y de la urgencia (sin referendo) viene dada por la imposición de Alemania, Francia y el Banco Central Europeo ante la crisis de la deuda y para prevenir la intervención.

Hay que aceptarla, pues, más por responsabilidad que por convicción, una resignada responsabilidad, ya que no había en este momento ninguna otra solución. Por ello, se tenía que haber explicado de forma diferente y buscado un consenso amplio. Pero también debemos aclarar que no nos gusta y que no nos resignamos a esta Europa sin gobernanza sobre la economía y la banca.

¿Y ahora, qué? Es hora de hacer propuestas políticas para ver cómo se articula la estabilidad en ingresos y gastos y se reparte entre las administraciones. Ahora, el PSC debe hablar desde las convicciones para ser fieles a lo que somos y representamos, el catalanismo de izquierdas.

Primero, tenemos que defender la armonización fiscal en España y en Catalunya para llegar a la media de la UE-15, que permitiría la reducción del sobreendeudamiento, de la dependencia del crédito, la continuidad del apoyo a la reactivación económica y el mantenimiento de la política social y de la inversión.

El modelo fiscal vigente equivale al 34% del PIB de Catalunya y España, cuando en los países de la UE-15 es del 44% (Suecia, 54%), y es más regresivo que en el resto de países de los Quince. Paralelamente, hemos de intensificar la lucha contra el fraude fiscal en la economía sumergida y en las rentas de capital. Igualmente, debemos impulsar a nivel europeo la tasa a las transacciones financieras de capital y la fiscalidad verde.

El objetivo debe ser superar en esta década el déficit estructural social que tienen Catalunya y España antes del 2020. Paralelamente, debemos encabezar las reformas necesarias en los servicios públicos, las políticas de salud, educación, servicios sociales y apoyo a la vejez y familias para adaptarlos a los cambios de la sociedad, garantizando la calidad, la equidad y la sostenibilidad a medio y largo plazo. El PSC no puede resignarse al discurso de que el Estado del bienestar es insostenible ni avalar los recortes actuales que significan un retroceso histórico y más desigualdades. El PSC no quiere una sociedad asistencialista ni de beneficencia. La austeridad y la eficiencia dan más valor a los servicios financiados por un modelo fiscal progresivo. La prevención decidida de la exclusión y de la pobreza debe ser una de nuestras prioridades. La cohesión, la convivencia, la seguridad y la prevención de los conflictos y de la violencia son los objetivos.Los socialistas debemos establecer la creación de empleo como la prioridad política, a través de la economía productiva, facilitando el crédito y la formación profesional adecuada.

El PSC debe impulsar una nueva ley electoral para propiciar listas abiertas, como el modelo alemán, que debe permitir a los cargos electos representar a los electores territoriales y tener más dependencia de los votantes que de la disciplina de partido.

Finalmente, el PSC tiene que hacer propuestas reformistas para España para reformular las competencias entre administraciones con la consecuente adecuación de la financiación de cada una.

En caso contrario, el pacto PSOE-PP de reforma de la Constitución y las propuestas de límite de déficit posteriores se continuarán interpretando como una recentralización que, por tanto, no podemos avalar. En la ley orgánica que habrá que aprobar posteriormente, el PSC tiene que proponer límites de déficit y de endeudamiento según las competencias de cada una de las administraciones.

Igualmente, debe impulsar una reforma de la Constitución que permita la evolución del Estado de las autonomías hacia un federalismo real: político, fiscal, cultural y judicial.Una reforma que debería servir para volver al Estatut aprobado en el 2006 y recortado posteriormente por la sentencia del Tribunal Constitucional. La traslación legislativa de la reforma constitucional no puede mermar el autogobierno de Catalunya ni limitar la evolución del pacto fiscal a partir del 2012.

En estos momentos, el pacto constitucional está agrietado y la confianza sobre el encaje de Catalunya en España es débil. O federalismo y bilateralidad, o fractura e independencia. Esta es la disyuntiva si no se recupera el consenso con propuestas como la reforma del Senado para convertirlo en Cámara territorial.

Así pues, la verdadera reforma constitucional está por llegar, esta vez por mayoría y por consenso y validada por los ciudadanos en referendo. La construcción colectiva del patriotismo integrador que supere los nacionalismos excluyentes necesita devolver el crédito a la democracia representativa haciéndola también deliberativa. Es una nueva transición.

Diputada en el Parlament.