El Prat, listo para volar alto

Hace poco Barcelona fue escogida capital mundial de la telefonía móvil como resultado de un esfuerzo colectivo capitaneado desde el 2004 por el ayuntamiento de la ciudad con el firme apoyo, durante todos estos años, de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España. La trascendencia económica de la decisión significó una alegría para todos. Y para algunos, la satisfacción de comprobar que una de las principales razones de la elección de Barcelona frente a París, Múnich o Milán fue el excelente nivel de infraestructuras de nuestro país.

Esto me ha llevado a pensar en la falta de fundamento real de algunas de las críticas que reiteradamente oímos sobre la calidad o cantidad de las infraestructuras; en particular, tras estos últimos ocho años de continua inversión por parte del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat. Es cierto que hay todavía carencias a paliar y aspectos a mejorar. Y hay que ponerse a ello y no bajar la guardia. Pero a veces somos tan críticos con nosotros mismos como país que, en vez de proyectar una imagen positiva que genere confianza, dentro y fuera, estamos haciendo un ejercicio de contrapropaganda, lo que asusta a posibles inversores. Recuerdo que, no hace mucho, en el debate público parecía que las infraestructuras -su ausencia, su ineficiencia o su mala gestión- eran el principal problema del país y un lastre para competir.

Como la calidad de las infraestructuras ha sido fundamental para ganar la capitalidad de la telefonía móvil, seguro que a esa valoración ha aportado mucho la calidad y posibilidades de crecimiento del aeropuerto de Barcelona, que, por ejemplo, ha incrementado las conexiones intercontinentales un 74% en los últimos cuatro años. Y eso me ha llevado a recordar el debate recurrente sobre su gestión. Este debate ha mezclado la razonable demanda de más capacidad para competir a través de una gestión individualizada y autónoma con la demanda del mero control político sobre la gestión del aeropuerto. Legítima y respetable demanda, sí, pero que por sí sola no garantiza un aeropuerto más competitivo al servicio de la economía catalana.

Hoy, gracias a las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Fomento, el aeropuerto continúa manteniendo la titularidad pública, a la vez que es capaz de competir con otros aeropuertos en igualdad de condiciones. Y eso lo saben las empresas, de primera fila mundial, que forman los seis consorcios interesados en participar en el concurso para conseguir la gestión durante los próximos 20 años.

El consorcio que gane el concurso para la gestión del aeropuerto (espero que todos ellos acaben presentando una oferta firme el próximo 31 de octubre) sabe que:

•Tendrá libertad a la hora de fijar las tarifas. Es decir, podrá decidir libremente todas las tarifas que se cobran en el aeropuerto (ya sean las que se pagan por el aterrizaje de un avión o por la hora del párking) en el marco regulado por la directiva comunitaria, con las mismas condiciones que hoy pueden tener los aeropuertos de Londres, París, Fráncfort, Múnich, Roma, etcétera. En caso de desacuerdo con las aerolíneas, la autoridad reguladora independiente arbitrará la discrepancia.

•En cuanto a la capacidad de invertir en el aeropuerto, el gestor deberá cumplir con un programa mínimo de inversiones definido en el plan director ya aprobado. A partir de ese mínimo, tendrá libertad para ampliar las inversiones que desee realizar en el marco del sistema de recuperación de dichas inversiones a través de las tarifas. Tal y como dice la directiva y exactamente igual que cualquier otro gestor aeroportuario europeo.

•Por lo que respecta a losslots, la normativa comunitaria y el real decreto en tramitación dejan bien claro que su asignación es un tema de negociación exclusiva entre los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas, sin intervención de la Administración y sin la posibilidad de negar el aterrizaje a ninguna compañía si existe capacidad, como es el caso.

Y todo ello, sin olvidar que las instituciones catalanas tendrán una participación determinante en el control de esta gestión y en la fijación de las decisiones estratégicas de futuro a través del consejo rector del aeropuerto.

Esto nos conduce a la certeza siguiente: tras las reformas que el Gobierno de España ha desarrollado, el aeropuerto de Barcelona tiene los mismos instrumentos y las mismas reglas de juego que cualquier otro para competir, y por eso puede y debe situarse en la posición nacional e internacional que le corresponde sin impedimentos. Hoy podemos decir que el aeropuerto de Barcelona-El Prat está listo para volar tan alto como la sociedad y la economía catalana quieran y sepan impulsarlo. Secretario de Estado de Transportes.