Un exceso de instituciones

Parece que se empieza a hablar en serio y que hay gente dispuesta a hablar de la reforma del llamado Estado de las autonomías. No debe parecernos mal. Menos aún si, al tiempo, se habla de la reforma de las diputaciones -para eliminarlas, claro- y, ya puestos, de la supresión de los muchos ayuntamientos que sobran en las más de unas provincias que, reconozcámoslo, ya no tienen razón de ser. Empecemos por ellas.

Se cuenta que las fronteras provinciales fueron establecidas en su momento por el no se sabe si muy sencillo o si ingenioso o conveniente (a efectos prácticos) procedimiento de echar a andar un caballo, debidamente montado, que, desde la población más importante del contorno, pudiese ir y regresar, en un mismo día, hasta el límite provincial así obtenido.

Será fácil reconocer que los avances habidos en la locomoción y en la red viaria aconsejan considerar obsoletos los límites así obtenidos. La existencia de teléfonos, vídeoconferencias, correos electrónicos, faxes y emisoras de radio, por citar unos pocos ejemplos de los avances habidos igualmente en los medios de comunicación, desaconsejan subirse a un caballo para llevar la ley, la cultura, la Administración mejor o peor entendida hasta unos límites que se pueden considerar desaparecidos.

Mientras todos esos avances se sucedían, las aldeas, lo que en Galicia llamamos aldeas, y con ellas no pocos pueblos y algunas villas, han ido desapareciendo. La población se ha ido concentrando en villas que devinieron en pequeñas e incluso grandes ciudades o -como en el caso gallego- también en carreteras que se convirtieron en calles, pues tan pobladas han sido sus márgenes por las gentes que escaparon del campo en vista de que ya no necesitaban vivir al lado de sus fincas. Se han despoblado municipios enteros y mantener las estructuras administrativas que sostengan lo apenas existente no parece la mejor manera de administrar bien los caudales públicos.

Si una gran parte de los ayuntamientos españoles deben ser concentrados, las diputaciones, esos ayuntamientos de los ayuntamientos, contempladas a la luz de lo que se acaba de exponer y de la consideración de la existencia de entidades autonómicas que las convierten en absoluta y enteramente prescindibles, sobran en el entramado administrativo estatal tanto como la mayoría de los ayuntamientos que aúnan.

Esta afirmación no debe sorprender a nadie. En el último cuarto de siglo hemos visto cómo los partidos políticos clamaban por su disolución, mientras estaban en la oposición; callaban, mientras detentaban el poder en ellas, y volvían a clamar una vez que lo perdían. En Galicia, el BNG ha vuelto a pedir su supresión, también es casualidad.

Reformando y reformando, reformando y suprimiendo, llegamos a las autonomías que ahora pretenden reformar los partidos políticos, al menos no pocos de los que están en la oposición al Gobierno central. Al objeto de que no empiece un baile semejante al del párrafo anterior, se exponen algunas consideraciones.

1ª ¿Tiene sentido una autonomía que podríamos denominar de primera -porque si metes la segunda ya te sales de ella- regida por una entidad que se superpone a la diputación que, a su vez, se superpone a los ayuntamientos? Decididamente, no. ¿Las hay? Sí. Estúdiese cada caso.

2ª. Es necesaria, diríase que imprescindible, la descentralización del poder. En tiempos de los Reyes Católicos, cuando Castilla devino hegemónica, nueve millones de personas habitaban en el interior peninsular y uno en la periferia; eso por una parte; por otra, hoy los casi 50 millones de habitantes no pueden, ni deben, ser administrados únicamente desde una instancia central; estúdiese pues la conveniencia de unificar territorios dotados de idénticos hábitos, concordantes economías, lenguaje unificado y único, que carezcan de aspiraciones de conservar otras posibilidades de contemplación de la realidad.

3ª. ¿Cuántos habitantes tiene Castilla-La Mancha, cuántos La Rioja, cuántos Murcia o cuántos Cantabria necesitados de ayuntamiento, diputación y Gobierno autonómico que los rijan? ¿Debería ser Madrid una autonomía o sería preferible convertir la capital de España en un distrito federal?

Hay que defender la España de las autonomías y la estructura federal que en sí misma encierra. Nunca España había alcanzado las cotas de bienestar logrado desde que esta existe. Pero es indudable que sostener alcaldes y concejales, diputados provinciales y autonómicos con la prodigalidad derivada de aquel café para todos ha devenido en algo complejo y excesivo, cuando no indigesto.

Por eso se debe revisar la estructura autonómica de España, en la que sobran no pocos ayuntamientos y diputaciones y, ciertamente, caben más autonomías que la catalana, la vasca y la gallega, pero no muchas más; no las 17 en que consistió aquel café que empieza a saber amargo y pudiera ayudar a confundir la parte con el todo. Que no es lo mismo que el todo con la parte, aunque pudiera parecerlo.

Escritor.