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La cadena perpetua para un exdictador argentino

Lecciones de la sentencia de Videla

Salvador Martí Puig

La justicia transicional pasa cuentas del pasado sin poner en peligro los procesos democráticos

La memoria es un tema apasionante. Lo es porque una cosa es lo que sucedió en el pasado, otra lo que se explica, y otra lo que la mayoría de la gente cree. A esta última, que puede no tener nada que ver con la primera, los historiadores la llaman «la verdad social». Suele ser un relato construido a partir de equívocos interesados, tergiversaciones y lugares comunes, pero a veces permanece en el imaginario de las sociedades a lo largo de generaciones.

Aún recuerdo el escándalo que se generó en 1995 en Argentina cuando el capitán de corbeta de las Fuerzas Armadas Adolfo Scilingo confesó en un arrebato de desesperación que durante el régimen castrense que gobernó el país de 1976 a 1981 los militares drogaban a las personas a las que habían detenido ilegalmente (los desaparecidos), las subían a un avión de madrugada y las lanzaban al mar del Plata con bloques de cemento atados a los pies. Ante estas declaraciones a los medios de comunicación, un amplio sector de la sociedad argentina se aterrorizó.

Sin embargo, todo lo que Scilingo decía ya se había denunciado centenares de veces desde hacía años, y estaba escrito y publicado. Es más, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue creada mediante un decreto presidencial al inicio de la democracia, en diciembre de 1983, elaboró el informe Nunca más sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que relataba con detalle todo lo que contó Scilingo una década y pico después y mucho más, ya que el número de desaparecidos asciende a 30.000.

Lo que pasó en 1995 fue que, cuando Scilingo confesó públicamente, la «verdad social» que reinaba en el país aún mantenía muchos elementos del relato que administró la Junta Militar. Por ello las declaraciones del capitán generaron una especie de catarsis. Trece años después de las palabras de Scilingo, el 22 de diciembre del 2010, Jorge Videla (uno de los tres miembros de la Junta Militar) fue condenado en Argentina a prisión perpetua por el asesinato de 31 presos. Esta condena es una muestra más de que, pese a las indefiniciones y los retrocesos, la justicia transicional está avanzando.

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos realizadas desde el poder. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de reconciliación y democracia. Este concepto apareció a inicios de los 90 como respuesta a los cambios políticos y las demandas de justicia en América Latina y en Europa oriental. En ese momento se deseaba hacer frente a los abusos sistemáticos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transformaciones políticas en curso. Así, en esa época diferentes gobiernos adoptaron medidas que iban desde acciones penales hacia los responsables de las violaciones de los derechos humanos, pasando por la creación de comisiones de la verdad, hasta reformas institucionales para transformar los cuerpos armados o el poder judicial con el fin de cambiar esos instrumentos de represión en instituciones al servicio de la ciudadanía.

Desde entonces ha habido experiencias muy diferentes e, incluso, paradójicas. Algunas sociedades que parecían excesivamente castigadas por la represión tuvieron la valentía de exponer públicamente lo ocurrido a través de comisiones de la verdad (El Salvador, Guatemala, Suráfrica, Perú). Otras, como Chile y Uruguay, que parecían más preparadas para asumir el pasado, cerraron el debate rápidamente, si bien en Chile algunos miembros de la judicatura encontraron la forma de avanzar en la búsqueda de la justicia. En Argentina, después de un inicio prometedor y de la frustración que supusieron las leyes de obediencia debida y de punto final dictadas por Menem, los últimos años han supuesto un avance en la búsqueda de la memoria y la justicia. El juicio de Videla es muestra de ello.

Pero este fenómeno (la búsqueda de la verdad y la justicia) no ha hecho más que comenzar. Los países del este de Europa han pedido al Parlamento Europeo que avance en políticas de memoria y reparación del pasado. No cabe decir que las reacciones ante dicha petición han sido dispares. Hay quien dice, desde Estrasburgo, que es demasiado pronto para evaluar lo que sucedió en las exrepúblicas soviéticas. ¿Será verdad o solo una excusa para no hacer nada?

En ciencia política es sabido que no hacer nada también es hacer política. España -tan dispuesta a dar lecciones a las democracias latinoamericanas y a acusar a dictadores ajenos y lejanos- es la única democracia que durante 30 años no ha hecho ninguna política de memoria ni de reparación hacia las víctimas. Por eso en muchos rincones de España cuando se produce un gran alboroto la gente aún dice: «¡Esto parece una república!» Prefiero no pensar cuál es la «verdad social» que aún impera en muchos sectores del país sobre algunos temas del pasado. Profesor de Ciencia Política

de la Universidad de Salamanca.

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