La financiación de las autonomías

Concierto, cupo e insolidaridad

La fórmula para calcular la fiscalidad de vascos y navarros no se puede mantener eternamente

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Concierto, cupo e insolidaridad

NUSVENUS

Aestas alturas de la historia, es evidente que el desarrollo del Estado de las autonomías ha sido a trompicones, sin diseño previo, resultado de múltiples factores contingentes y con factores sistémicos como los de simple emulación. Si lo dicho es verdad para el conjunto del desarrollo autonómico, lo es más aún en el capítulo de la financiación. No existe al respecto ninguna previsión constitucional. La financiación autonómica se ha ido decidiendo a golpe de desarrollo de transferencias, de negociaciones sometidas a las necesidades parlamentarias del partido del Gobierno central, de capacidad de presión. El resultado se halla lejos de un sistema coherente, equitativo, con alguna lógica interna, sostenible y comprensible.

A este panorama se añade la existencia de un cuerpo extraño en la propia lógica constitucional como el concierto vasco y el navarro, que han terminado convirtiéndose para los que más injustamente se sienten tratados por el actual sistema de financiación autonómica -y se sienten así probablemente con toda la razón del mundo- en la receta milagrosa que puede arreglar todos sus problemas. Sin embargo, pudiera resultar que lo que realmente estén deseando no es el concierto en sí mismo, pues con su aplicación en condiciones de transparencia democrática, atendiendo a la exigencia de que la presión fiscal media sea igual al territorio común, y que se ejerza sujeto a reglas de lealtad, el resultado pudiera ser muy distinto del que ofrece actualmente en Euskadi y en Navarra. Lo que realmente suscita envidias sanas es el resultado actual de la aplicación concreta que se hace del concierto, que es el cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado.

No es demasiado atrevido afirmar que pocos políticos serían capaces de describir cómo se llega a la fijación del cupo que deben pagar anualmente Euskadi y Navarra. La chapuza técnica con la que se ha cerrado la negociación -o, mejor dicho, chantaje- que ha conducido a la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi es buena muestra de ello: desde el comienzo, en el que se exigía por parte del PNV la aplicación del sistema de concierto a la caja única de la Seguridad Social, algo imposible, a la afirmación de que los nacionalistas vascos han conseguido una valoración que supera en varias decenas de millones de euros lo que planteaba el Gobierno vasco, y al reconocimiento final de que probablemente va a ser deficitaria para Euskadi.

Es fácil ver el truco del cupo: si en elrankingde PIB per cápita Euskadi y Navarra se hallan en las primeras posiciones, en el de gasto público por habitante son de nuevo las que lo encabezan, con una cantidad que casi duplica la media española. Esa posición la pueden mantener, y con la diferencia indicada, no solo por gestionar mejor los ingresos, sino también, y sobre todo, por no pagar lo debido, y además seguir recibiendo de los presupuestos generales del Estado financiación adicional: en competencias concurrentes, en competencias exclusivas de la comunidad autónoma, en financiación municipal, como es el caso de Bilbao a través de la sociedad pública Bilbao Ría 2000, de cuyo capital social el 50% pertenece a la Administración del Estado.

El concierto no tiene por qué dar este resultado. La exigencia, por parte de los políticos que entienden del tema, de transparencia y debate democrático a la hora de fijar el cupo navarro y el vasco está más que justificada. El concierto puede ser un derecho histórico -desde 1878, no antes-, pero no el cupo concreto. No es verdad que se haya tenido que blindar el concierto en el Congreso de los Diputados, pues ya lo está suficientemente en el sistema legislativo español y, tras la sentencia europea, en Europa. Pero esa misma sentencia, que afirma que el concierto no tiene por qué ser considerado necesariamente ayuda del Estado, y que por ello es compatible con el derecho europeo, también afirma que la forma de calcular el cupo sí pudiera ser una ayuda del Estado, incompatible con el derecho europeo. Y lo que se ha blindado en el Congreso es una norma foral concreta que permite cobrar menos impuestos por beneficios empresariales en Euskadi que en territorio común, algo muy socialista, por lo visto.

La forma insolidaria, opaca, nada democrática de ejercer el derecho del concierto ha añadido más incoherencia al sistema español de financiación autonómica. Despierta apetencias en otras comunidades, algo muy comprensible dado el caos reinante. El problema es si generalizar el caos, la insolidaridad, la falta de transparencia y la falta de democracia permite una solución a la situación actual, o solamente agrava el problema: en un sistema puede haber unfree rider, pero si todos los componentes del sistema se convierten enfree rideral final no hay sistema y nadie puede vivir de ningún otro sobre el que actúa como parásito, que no otra cosa es elfree rider. Y no se trata de defender la situación actual de vascos y navarros: no hay engaño que se pueda mantener por toda la eternidad. Y cuanto más tiempo dure, más duro será el despertar a la realidad.

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