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La evolución de un país latinoamericano

Nicaragua ya no es lo que era

Salvador Martí Puig

Lo que queda hoy de la revolución sandinista es la pretensión hegemónica de un FSLN dócil a Ortega

El 19 de julio de 1979, cuando los sandinistas accedieron al poder en Nicaragua después de una larga lucha contra la dinastía de los Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no era un movimiento revolucionario convencional. Su liderazgo plural condenaba el caudillismo y el culto a la personalidad. Además, la revolución nicaragüense hizo del pluralismo uno de sus principios vitales, a la vez que su pretensión de transformar la economía no abolió la iniciativa privada. De hecho, en 1990 se dio en Nicaragua, por primera vez en la historia, la entrega del poder de un Gobierno revolucionario a raíz de una derrota electoral.

Desde la década de los 90, sin embargo, la excepcionalidad del FSLN comenzó a desvanecerse. El partido fracasó en el intento de democratizarse internamente debido a la victoria que obtuvo la vieja guardia liderada por Daniel Ortega, que controló rígidamente el partido. Desde entonces Ortega se ha convertido en un actor fundamental de la vida política del país. Desde 1990 hasta el 2006, ejerciendo presión y poder desde la oposición; y a partir del 2007, desde la presidencia.

Con todo, la persistencia de una democracia representativa desde 1987 (año en que se aprobó la Constitución) es un logro significativo si se tiene en cuenta la historia del país. Sin embargo, hoy esta democracia está afrontando un momento crítico. Las razones son dos. Por un lado, la incapacidad de reducir los altos niveles de pobreza e inequidad. Y por otro, la consolidación de un modelo político en el que los mecanismos institucionales de control del poder han ido erosionándose, derivando hacia un tipo de régimen que se ha convenido en calificar de democracia delegativa.

Tres eventos han sido la última vuelta de tuerca de esta dinámica, a saber: el llamado decretazo del 9 de enero del 2010, una oleada de destituciones improcedentes de alcaldes y funcionarios municipales durante el mes de junio, y la decisión del 30 de septiembre de la Corte Suprema de Justicia -reunida sin el quórum necesario y de forma irregular- de modificar el artículo 147 de la Constitución, en el que se prohíbe la reelección inmediata del presidente, con lo que se ha dado vía libre a la reelección de Ortega.

El 'decretazo' supuso la prórroga de los mandatos de 22 funcionarios del Gobierno cuyos periodos habían vencido o estaban por vencer, incluyendo magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, si bien dicha decisión debía tomarse en la Asamblea Nacional con una mayoría cualificada del 60% de los votos. Ante esta decisión unilateral del Ejecutivo, los diputados de la oposición (que consiguieron articular una mayoría de votos) se reunieron para vetarla, pero no pudieron sesionar debido a que simpatizantes sandinistas bloquearon el acceso a la Asamblea Nacional y posteriormente hicieron lo mismo frente al hotel donde los mismos diputados pretendieron reunirse. El impacto de dicho decreto es muy relevante, ya que supone que el FSLN continuará manteniendo el control de las instituciones clave para organizar y fiscalizar los próximos comicios nacionales del 2011.

Respecto a la destitución, por supuestas irregularidades, de alcaldes, vicealcaldes y concejales de varios municipios, ha supuesto una muestra del poder que tiene Ortega para neutralizar (o eliminar) los pocos resortes institucionales que tiene la oposición. La destitución de estos alcaldes díscolos ha supuesto el control casi total del FSLN en las municipalidades.

Finalmente, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia Ortega ha allanando el camino para ser uno más de los presidentes latinoamericanos que obtienen la posibilidad de renovar su mandato a pesar de disposiciones constitucionales contrarias. Ciertamente, Ortega, de la mano del FSLN, tiene múltiples ventajas para hacerse con el poder en los comicios de noviembre del 2011: el Frente tiene una máquina partidaria fuerte, el apoyo de una parte sustancial de los medios de comunicación no escritos, el beneplácito de sectores empresariales, bastante dinero de la Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas, un proyecto integracionista impulsado por Venezuela, Cuba y Bolivia) para la campaña, el control de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y el apoyo de sectores sociales organizados que se han beneficiado de políticas sociales focalizadas. Y a todo ello cabe añadir la existencia de una oposición fragmentada, sin proyecto político consistente ni alternativo.

En este contexto, la decisión de Ortega de concurrir a la reelección puede suponer una quiebra del consenso que ha sostenido hasta ahora la joven y frágil democracia nicaragüense. Un consenso que ya se está erosionando a raíz de la creciente pérdida de neutralidad de las instituciones durante la última década y, sobre todo, en los dos últimos años. Por todo ello, parece que a estas alturas lo único que queda de la revolución es la pretensión hegemónica de un FSLN dócil a Ortega. Un triste balance para un país en el que hace décadas se depositaron tantas esperanzas como esfuerzos y sufrimiento. Profesor de Ciencia Política. Autor, junto

a David Close, de Nicaragua y el FSLN, 1979-2009. ¿Qué queda de la revolución?

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