Camino del siglo XIX

La reforma laboral que hoy aprueba el Consejo de Ministros es un ataque directo contra los derechos de los trabajadores. No servirá para mejorar el mercado de trabajo ni el modelo productivo, no reducirá las listas del paro ni va a ayudarnos a salir de la crisis. Es una reforma servida en bandeja a aquellos que quieren aprovechar el desconcierto que vive el país para lograr lo que siempre han perseguido: un mercado laboral más parecido al marroquí que al alemán.

Por fin, el Gobierno se ha doblegado ante las presiones de la gran patronal, los especuladores financieros y los mercados internacionales ¿que, por cierto, alguna responsabilidad tienen en esta crisis¿, y la gente debe ser consciente de la gravedad de lo que ocurre. Tiene que saber que su situación contractual empeorará y que el acceso a un nuevo trabajo, tanto para los que ya están en el mercado laboral como para los que acceden a él por primera vez, será en condiciones más precarias.

ESTA REFORMA se hace para abaratar el despido. Era el objetivo principal de la CEOE y por fin lo consigue. Generaliza el contrato de 33 días de indemnización por despido improcedente y 20 por el procedente, pero el fondo de garantía salarial pagará 8, de modo que para la empresa quedará en 12 días. Hay que añadir que el Gobierno abre la puerta para que la mayoría de los despidos improcedentes pasen por procedentes por razones económicas, con 20 días de indemnización ¿también para los contratos indefinidos vigentes¿, de modo que la reforma conlleva el contrato único.

Si hasta ahora hemos llegado a los 4,5 millones de parados, ¿qué pasará con un despido libre y a precio de saldo? No parece que esta sea la receta más idónea para crear empleo y riqueza, sino más bien para aumentar los beneficios de los de siempre. Cuando hablaban del cambio de modelo productivo, ¿se referían a esto?

Otro objetivo clave de los que han solicitado esta reforma es acabar con la negociación colectiva. Que la empresa pueda descolgarse de los convenios en cuanto a flexibilidad horaria y salarios, supone un golpe directo al derecho de los trabajadores, a costa de ampliar el poder del empresario para imponer sus condiciones y sin una contrapartida en materia de derechos laborales colectivos que nos acerque a nuestros referentes europeos.

Lamentablemente, así han acabado meses de diálogo social. Con la propuesta del Gobierno, la CEOE consigue el 70% de los hitos que se había marcado, y no se resigna porque sabe que algunos partidos le pueden ayudar a lograr el 100% en el Congreso, principalmente PP y CiU, que se expresa sin remilgos como el representante de la patronal. Los partidos que hagan posible su aprobación tendrán que asumir la responsabilidad de este retroceso histórico que nos acerca más a las relaciones laborales del siglo XIX que a las que tendrían que ser en el siglo XXI.

No podemos aceptar esta propuesta, por los mismos motivos que rechazamos las medidas para reducir el déficit. Son políticas injustas, porque afectan solo a los trabajadores, haciéndonos doblemente víctimas de la crisis. Y son inútiles, porque, tal como reconoce el Gobierno, no crearán empleo en tanto no se dé una reactivación. Lo que necesita nuestro mercado de trabajo es mejorar la calidad del empleo y poner freno a la temporalidad, justo a la inversa de esta reforma, que entierra la contratación indefinida y generaliza la precariedad. Lo que necesita nuestra economía es fomentar el consumo y la actividad, no recortar salarios, congelar pensiones y frenar la inversión pública. Lo que necesitamos para transformar nuestro modelo es apostar por la producción con valor añadido, invertir en formación y en I+D+i y afrontar la reforma energética.

Y, por último, lo que urge a nuestro país es una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos y hacer más justo y solidario el sistema, recuperando los impuestos de patrimonio y sucesiones, equilibrando la aportación de las rentas del trabajo y las del capital, aumentando el gravamen de las famosas Sicav, combatiendo el fraude fiscal y fiscalizando las finanzas.

PERO NADA de eso ni tan siquiera se ha planteado. La vieja Europa social es víctima de una implacable ofensiva neoliberal para debilitar a los estados y la democracia, desregularizar el mercado de trabajo y estrechar el modelo de Estado del bienestar. Vivimos bajo el dictado de unos mercados invisibles que nunca tendrán suficiente y que siempre pedirán más sacrificios a los más débiles, mientras los gobiernos son incapaces de resistir las presiones y los chantajes.

Por ello debemos plantar cara. Nadie puede decir que los sindicatos no hayamos sido responsables, pero ha llegado el momento de dar una respuesta al recorte de derechos sociales, que sin duda seguirá tras el verano con las pensiones, la negociación colectiva y la cobertura por desempleo. Y lo hacemos con una serie de acciones que culminarán el 29 de septiembre con la huelga general, en un contexto de movilización europea. La ciudadanía debe ser consciente de que, o bien nos plantamos ahora, o quizá ya no habrá nada que hacer.