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Darfur, una crisis olvidada

ERNESTO Gómez Hernando*

85.000 muertos en la guerra, 200.000 más por el hambre y dos millones de desplazados, terrible saldo del conflicto

"Los yanyauid atacaron los alrededores del campo y mataron a hombres, violaron a mujeres y robaron propiedades. Utilizaban camellos y llevaban uniformes militares. Poco antes de irme del campo de Habila, a otras mujeres y a mí nos dijeron: 'Si salís del campo, os mataremos'". Este testimonio de una mujer masalit refleja lo que han sido más de cuatro años de conflicto armado, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de sufrimiento para la población civil de Darfur; y también de impunidad para sus responsables: las fuerzas del gobierno, las milicias yanyauid y los grupos armados. Todo ello ante la parálisis de la comunidad internacional.

Es difícil cuantificar el número de víctimas en una región tan grande como la península Ibérica. Las condiciones tan precarias que se dan sobre el terreno impiden, entre otras cosas, recabar información de lo que está ocurriendo. A menudo, solo llega el lamento desgarrado de testigos de matanzas o los informes de las agencias internacionales que tienen muy difícil acceso a la región. No obstante, conocemos que se han producido más de 85.000 muertes por culpa de la guerra, al menos 200.000 fallecimientos a causa del hambre y las enfermedades, dos millones de desplazados internos y más de 200.000 personas huidas al vecino Chad, donde los civiles también sufren las incursiones de los yanyauid.

BUENA PARTE de la población civil se hacina ahora en los campos de refugiados donde escasean el agua, la comida y las medicinas. La policía, que en teoría les protege, les hostiga para encontrar entre ellos a supuestos guerrilleros. Los hombres no abandonan estos campos por temor a ser asesinados; las mujeres que lo hacen para recoger leña o alimentos corren un gravísimo riesgo de ser violadas por las milicias o el ejército, otra parte del uso generalizado de la violación como un arma de guerra más.

El reparto de ayuda humanitaria es muy irregular. Con cada combate o escaramuza se cierra el acceso de esa ayuda a amplias zonas de la región, con lo que la población que a duras penas sobrevive en ellas queda desamparada.

El gobierno sudanés ha tratado de escamotear a la opinión mundial la dimensión de la crisis. Ha falseado hasta el absurdo las cifras de víctimas y ha contado con la protección, cuando no con la complicidad, de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU como Rusia y, sobre todo, China. Por desgracia, la indiferencia de la comunidad internacional se lo ha puesto fácil en demasiadas ocasiones. Hasta la fecha, las autoridades sudanesas sólo han mostrado desprecio por los civiles de Darfur, a quienes, ¡qué ironía!, están obligadas a proteger. Han atacado y bombardeado a su propia población, ofrecido apoyo e impunidad a las milicias yanyauid que han arrasado Darfur, obstaculizado en todo lo posible la actuación del Tribunal Penal Internacional destinada a identificar y juzgar a los perpetradores de abusos y violaciones contra los derechos humanos. Han esgrimido un pretendido acuerdo de paz parcial que paradójicamente ha llevado a un aumento de los combates, a más desplazamientos de personas y a más violaciones de derechos humanos.

Por si fuera poco, las organizaciones humanitarias encuentran trabas crecientes a su trabajo sobre el terreno. Sudán ha impedido y sigue impidiendo el acceso a la zona no solo a representantes de organizaciones de derechos humanos, sino a integrantes de misiones de alto nivel de organismos de Naciones Unidas.

El daño causado hasta la fecha es enorme, y ya es demasiado tarde para cientos de miles de víctimas que pidieron sin éxito protección, pero el Gobierno sudanés debe asumir de una vez por todas sus compromisos con la comunidad internacional y la población civil de Darfur, permitiendo el despliegue de una fuerza de la ONU en la región, con un mandato lo suficientemente fuerte como para asegurar la protección de los civiles de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. No basta con la reciente autorización de Jartum para el despliegue de 3.000 efectivos de paz de la ONU. Dada la magnitud de la crisis, este despliegue reducido augura pocas perspectivas de éxito. La incapacidad de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), actualmente desplegada en la zona, para garantizar una protección efectiva de la población civil exige el despliegue urgente de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

EN NUMEROSAS ocasiones, Amnistía Internacional ha instado al Gobierno de Sudán a cumplir sus compromisos con su población civil y a permitir y apoyar el despliegue de una fuerza de la ONU inspirada en las resoluciones internacionales. Si tenemos en cuenta que ya se ha autorizado con el consentimiento del ejecutivo sudanés el despliegue en Sudán de 10.000 soldados y otro personal de la ONU, la oposición del presidente Omar al Bashir a la fuerza de mantenimiento de la paz en Darfur es indignante, por ser esta imprescindible para la protección básica que necesita desesperadamente su propia población.

¿Cuántas víctimas más necesitamos para actuar? Cada día que pasa aumenta de forma exponencial la desesperanza y el sufrimiento de la población civil, al tiempo que crecen el olvido y la indiferencia en la comunidad internacional.

*Especialista en Sudán de Amnistía InternacionaI.

Temas: Sudán