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enfrentamiento

Pau Donés planta cara a la SGAE y reclama que la intervenga el Gobierno

El músico afirma que sus empresas son legales y denuncia que Hevia busca "desviar la atención de la podredumbre" que afecta a la entidad

Nando Cruz

Pau Donés, en Barcelona, el mes pasado.

Pau Donés, en Barcelona, el mes pasado. / ELISENDA PONS

Pau Donés vuelve, pero no para actuar con Jarabe de Palo, sino para cantarle las cuarenta a la SGAE. Tras el comunicado que emitió el viernes en cuanto supo que la Sociedad General de Autores y Editores había denunciado a la fiscalía la existencia de un entramado mediante el cual algunos socios podrían haber eludido el pago de impuestos, y que Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y él mismo eran tres de los señalados, el músico ha emitido otro comunicado en el que carga directamente contra el presidente de la SGAE José Ángel Hevia.

Donés afirma primero que el sistema de cesionarias denunciadas por la SGAE "es totalmente transparente, con nombres y apellidos, todo registrado (...) y perfectamente conocido y consensuado con la SGAE". Acto seguido recalca que Hevia "tuvo una cesionaria durante muchos años", la empresa Busindre, y conoce "perfectamente la operativa porque formó parte de ella". Y añade que en este asunto no hay nada a destapar porque esta "es una práctica instaurada por la SGAE para sus socios desde hace por lo menos 20 años".

En el mismo documento, el cantante denuncia que Hevia "se metió en el bolsillo entre el 2010 y el 2018 1.842.857 euros jugando a 'la rueda', de la mano de la editorial musical del grupo AtresMedia" y señala a miembros de su junta como Teo Cardalda, Tontxu e Inma Serrano como parte "del entramado de 'la rueda'". Así mismo, Donés califica la denuncia de la SGAE de "chapuza" destinada a "desviar la atención de la podredumbre que emana del consejo de dirección desde que Sastrón y su rueda se colaron por la puerta de atrás". Y suspira por una intervención "contundente" del Ministerio de Cultura que permita "sanear la entidad".

Informaciones falsas

Donés califica de 'fake new' esta nueva maniobra de la SGAE y lo cierto es que más allá de la legalidad o no de los hechos denunciados, la entidad sí falseó la realidad al asegurar que el consejo de dirección decidió por unanimidad poner los hechos en conocimiento de la fiscalía. Según un miembro del consejo de dirección de la SGAE, en la junta celebrada la segunda semana de enero solo se aprobó por unanimidad contratar a un bufete de abogados externo a la entidad para que estudiase el caso. Y, para ello, se aprobó también su minuta de 70.000 euros.

El bufete estudiaría el informe que se elaboró durante el mandato de la anterior junta, presidida por Fernández Sastrón, y, en caso de haber indicios de delito, el consejo de dirección valoraría qué hacer. Una semana después, sus 13 miembros leían en la prensa que la denuncia estaba cursada. La valoración del bufete Auren nunca llegó al consejo porque alguien decidió ir por la vía rápida. Y solo una persona está por encima de ese órgano directivo: el presidente Hevia. Varios miembros del consejo de dirección están planteando presentar una queja por cómo se ha gestionado el asunto, por mucho que coincidan en la necesidad más que urgente de sanear la SGAE.