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LUCHA POR EL CONTROL DE LA SGAE

La SGAE denuncia a varios socios por evasión fiscal

El Consejo de Dirección se basa en un informe interno que implicaría a empresas vinculadas con Joaquín Sabina, Pau Donés y Alejandro Sanz

Nando Cruz

Joaquín Sabina, el pasado mes de mayo en el Palau Sant Jordi.

Joaquín Sabina, el pasado mes de mayo en el Palau Sant Jordi. / FERRAN SENDRA

Nadie dijo que en la lucha por el control de la SGAE imperase el 'fair play' y el respeto al contrincante, pero si alguien aún se resistía a hablar de guerra sucia, el último capítulo de tan truculento culebrón se lo pone francamente difícil. La Sociedad General de Autores y Editores ha denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos la existencia de un entramado de sociedades que habrían permitido a numerosos artistas eludir el pago de sus impuestos derivados de sus ingresos por derechos de autor. Entre ellos estarían, según informa ‘El Mundo’, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés de Jarabe de Palo.

Horas después, la SGAE emitía un comunicado en el que negaba haber “denunciado a sus socios Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés”, sino a “personas jurídicas que son socias de la entidad”. El matiz es significativo porque sonaría extraño que una sociedad nacida para defender a los autores asociados los denuncie, pero no deja de ser eso: un matiz. Estas “personas jurídicas” serían, entre otras, empresas como Gazul (de Sanz), El Pan de Mis Niñas (de Sabina) y Tronco (de Donés). Así lo desvela el artículo de ‘El Mundo’, un extremo que desde la SGAE no confirman, pero tampoco desmienten.

El presunto fraude sería que a través de las empresas de estos y muchos otros artistas, y en alianza con las editoriales multinacionales que gestionan los derechos de cientos de artistas más, se habría creado una trama para evadir impuestos. El primero en reaccionar ha sido Pau Donés, que en un comunicado asegura que lo que se denuncia es “un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad”. No solo eso: también se pone a disposición de la ley para aclarar y resolver lo que él califica como “una patraña del señor Hevia y sus secuaces”.

¿Por qué ahora?

La pregunta es: ¿por qué se denuncia justo ahora? Warner Chapell es una de las editoriales más beligerantes contra la actual junta y las cadenas televisivas, sino la que más. Desde sus cuarteles se coordinó la candidatura de artistas que al final se retiró de las elecciones de octubre. Y la denuncia salpica de lleno a Warner. Pero queda otra pregunta en el aire: ¿por qué la junta de José Miguel Fernández Sastrón no denunció nada si el informe que destapó las presuntas irregularidades se elaboró durante su mandato? La decisión de denunciar ha sido tomada por unanimidad por el Consejo de Dirección, lo cual implica que hasta los colegios de dramaturgia y audiovisuales consideraban que lo sensato era poner el caso en manos de la ley. Pero eso no impide sospechar que solo es una maniobra más en la lucha entre las editoriales de discográficas y las de televisiones por el control de la entidad. Una guerra que está lejos de acabar y en la que seguirá habiendo presiones, amenazas, denuncias y filtraciones.