POLÍTICA AUDIOVISUAL POLÉMICA

El Consejo de Europa acusa al PP de injerencias en RTVE

Una resolución aprobada por la asamblea critica la situación en España

Julio Somoano, director de Informativos de TVE; Leopoldo González-Echenique, presidente de RTVE; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, e Ignacio Corrales, director de TVE, el pasado septiembre en Madrid.

Julio Somoano, director de Informativos de TVE; Leopoldo González-Echenique, presidente de RTVE; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, e Ignacio Corrales, director de TVE, el pasado septiembre en Madrid.

SILVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

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la libertad de expresión e información es una de las piedras angulares para conseguir una buena gobernanza y una democracia sana, pero a juicio de la asamblea del Consejo de Europa la actuación del Estado español deja mucho que desear en esta asignatura. Una resolución aprobada recientemente por este órgano intergubernamental acusa al Gobierno del PP de injerencia política en RTVE, y recuerda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la radiotelevisión pública deber ser protegida «en su gestión diaria y su trabajo editorial». Toda una bofetada al Gobierno popular, cuyo intento de eliminar la referencia a España terminó en fracaso.

La crítica, inscrita en una resolución sobre la situación de la libertad de prensa en Europa, salió adelante la semana pasada con 52 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. El texto reconoce que los servicios públicos de radiodifusión siguen siendo, pese a la multiplicación de medios digitales, una fuerte importante de información. Y es aquí donde ponen el dedo en la llaga al constatar «con preocupación» la existencia «de informes recientes acerca de presiones políticas ejercidas sobre los organismos públicos de radiodifusión» en algunos países europeos. Y entre los acusados, España, Hungría, Italia, Rumanía, Serbia y Ucrania, a cuyos gobiernos recuerda, tal y como consta en una resolución del 2008, que «los organismos de radiodifusión de servicio público deben estar protegidos contra las interferencias políticas en su gestión diaria y en su trabajo editorial». También advierte que debería excluirse de los cargos de alta dirección a las personas «con afiliaciones políticas claras», y pide un código interno de conducta para los periodistas y para mantener la independencia editorial de la influencia política.

Unas acusaciones que, a tenor del debate vivido, sentaron como un jarro de agua fría en las filas del PP. El senador Pedro Agramunt, uno de los representantes populares, intentó eliminar cualquier referencia a España a través de una enmienda oral que el presidente de la cámara no permitió presentar. «Me sorprende que en el proyecto de resolución España se incluya en la lista de países en los que se interpone la presión política sobre los organismos de radiodifusión de servicio público, junto con otros estados miembros del Consejo de Europa. Esto es claramente erróneo. Es indignante», se quejó.

Agramunt fue más lejos al acusar a la oposición española de teledirigir estas acusaciones. «No se de dónde ha llegado esta información, pero tengo mis sospechas: hay un partido en el Gobierno y dos en la oposición. Estoy seguro de que un partido en la oposición ha estado contando mentiras a estas asamblea», arremetió.

El senador valenciano aseguró que España es uno de los países que más garantías ofrecen a los periodistas y se escudó en que ha habido sentencias defendiendo sus derechos. No precisó, no obstante, que algunas de ellas fueron precisamente contra su partido. «Tenemos todo tipo de problemas, pero ciertamente no hay ninguno respecto a la libertad de prensa y la radiodifusión de servicio público. Simplemente no es verdad», clamó. Pero su queja cayó en saco roto.

Al margen de las excusas de Agramunt, cabe recordar las críticas que el Consejo de Informativos de TVE, recogidas por EL PERIÓDICO, ha realizado por reportajes deInforme semanalcomo uno sobre Esperanza Aguirre u otro del caso Bárcenas.