El plan antipobreza infantil de Mato irrita a las autonomías

El Gobierno central oficializará mañana en el pleno del Consejo Territorial de los Servicios Sociales el reparto de un crédito extraordinario destinado a que las comunidades autónomas inviertan contra la pobreza infantil en lo que queda de año. La suma no es excesivamente significativa a la vista del problema existente: 16 millones de euros. Pero es un paso, sobre todo en tiempos de austeridad. La cantidad era conocida y las comunidades autónomas han sido informadas de cuánto le toca a cada una. Y aquí aparecen críticas por parte de algunas comunidades que se sienten perjudicadas.

La verdad es que más que un trato de favor, el reparto parece revelar cierta precipitación al elegir el criterio. El dinero se reparte en función de la tasa de riesgo de pobreza de cada comunidad, calculada mediante el indicador Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) del 2012, que determina qué parte de la población está en riesgo de ser excluido pero no se fundamenta solo en los ingresos económicos, sino que analiza otros aspectos para ofrecer una información más completa. Pero no se tiene en cuenta la cifra absoluta de menores. Un dato importante, pues en Catalunya, por ejemplo, donde según ese dato del 2012 hay un 23,3% de niños en riesgo de pobreza, en números absolutos supone más de 300.000 menores. En Melilla el porcentaje es superior, del 41%. Pero en números absolutos significa que hay que velar por algo más de 8.000 niños.

SUMAS POR PORCENTAJE / El efecto reduccionista de este sistema está claro, pero el ministerio, cuyas explicaciones intentó recabar ayer este diario sin éxito, no parece haberlo tenido en cuenta. En la tabla de reparto económico por comunidades, y en Ceuta y Melilla, las sumas no guardan proporción con el número de niños en riesgo de pobreza sino con el porcentaje. El más alto es el de Ceuta, donde el 41,8% de los niños están en riesgo de exclusión. Por ello será la que más tajada se lleve del pastel: 1,3 millones de euros de los 16 citados. Catalunya se llevará 726.000 euros. Andalucía, con un riesgo del 38,7% y más de 600.000 menores afectados, recibirá 1,2 millones de euros.

Fuentes de Benestar Social explicaron a este diario que si bien toda cantidad es bienvenida, con menos de 800.000 euros apenas tienen margen de maniobra para actuar. Para que se entienda lo que califican de sorprendente, basta con observar la inversión resultante por niño, que guarda diferencias que parecen implanteables. Por niño, Ceuta recibirá 153 euros, y Melilla, 148 euros. Andalucía recibirá 1,9 euros por niño y Catalunya, 2,25 euros.

Todo ello debe ser aprobado mañana en la reunión del consejo territorial, aunque es de suponer que mediará alguna batalla.

Según el documento del ministerio sobre el crédito, las comunidades benficiarias (todas menos las que tienen concierto económico, Euskadi y Navarra) tendrán que destinar el dinero que les corresponda a «prestaciones económicas de urgencia social, proyectos de intervención social que se desarrollen con familias o unidades de convivencia en situación de privación material severa y con menores a su cargo». Los proyectos deben realizarse en el marco de la oferta pública de servicios sociales y ser gestionados por las comunidades o las ciudades autónomas.

NI UN EURO MÁS, NI UNA OBLIGACIÓN / Las comunidades deben presentar proyectos y, junto con el ministerio, decidirán cuáles son aprobados. El texto precisa que la inversión es por ahora puntual y que el acuerdo no supone «el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las autonomías».