Un metro lleno de incógnitas

la caja negra del metro que descarriló el 3 de julio del 2006 en Valencia no se borró sin más con la lectura de los datos, sino que alguien debió dar la orden -y ejecutarla- para que se borrara. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) posee piezas del convoy siniestrado, aunque en el 2008 sostuvo que lo había reducido a chatarra. Y el perito que elaboró el informe sobre el siniestro está imputado en la causa del accidente del Alvia de Santiago. Estos y otros datos han salido a la luz en los últimos meses con la reapertura de la investigación judicial del accidente de Metrovalencia, en el que hoy hace ocho años murieron 43 personas y 47 resultaron heridas. Pero la instrucción prosigue con más incógnitas que certezas y las críticas de las víctimas y la fiscalía arrecian.

El pasado mes de enero, con la aparición de nuevas informaciones en los medios que no habían sido incluidas en la instrucción inicial, la Audiencia de Valencia ordenó la reapertura de la investigación a la magistrada Nieves Molina, la misma que cerró el caso concluyendo que el exceso de velocidad con que circulaba el maquinista, fallecido en el accidente, fue el único causante de la tragedia.

MÁS DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS / El auto de la Audiencia valenciana, muy duro con las actuaciones previas de la instructora, conminaba a Molina incoar nuevas diligencias para requerir a FGV las actas sobre el sistema de frenado y seguridad puesto en cuestión por trabajadores de la empresa. También le instaba a incluir testimonios de mecánicos, maquinistas, técnicos y responsables excluidos en la primera investigación, y a solicitar más documentación acerca de los informes técnicos sobre el estado de la unidad siniestrada, previos al día del accidente, sobre los que «no se informó al juzgado ni al perito». Habían crecido las voces y las evidencias sobre el mal estado de los convoyes y las vías y sobre los errores en la planificación y programación de los mecanismos de seguridad que deberían haber frenado el tren.

Así fue cómo la magistrada acabó imputando a tres exaltos cargos de FGV, con responsabilidad directa en la instalación de las balizas de frenado. Pero los tres han recurrido su imputación y se han acogido a su derecho a no declarar.

Aunque la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, que ha capitalizado la lucha de los damnificados en los tribunales y en la calle, se felicita por el auto de la Audiencia de Valencia, sigue criticando la posición «obstruccionista» de la Generalitat y ha pedido que otro juez se haga cargo del caso, al considerar que las nuevas pesquisas no debe llevarlas el juzgado que cerró la causa.

PERITO IMPUTADO / La asociación ha recusado además al perito Andrés Cortabitarte, que elaboró un informe pericial que contribuyó en su momento al archivo de la investigación, porque ha sido imputado en la causa que investiga el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela. Las víctimas consideran que el exdirector de seguridad de Adif puede incurrir en uno de los supuestos de recusación contemplados en la ley, que prevé la exclusión de un perito que tenga «un interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante».

La fiscalía, por su parte, recela de la lentitud con la que FGV está aportando información a la instrucción y ha pedido a la jueza que requiera directamente a Siemens, suministradora de las balizas, la documentación.