La ley dificulta trabajar a más de 500 jóvenes inmigrantes en Catalunya

En sus países fantaseaban con el sueño europeo, hasta que se decidieron a dar el salto de la idealización a la materialización. Son niños y adolescentes que dejaron atrás sus hogares y emprendieron el camino solos. Cuando consiguieron llegar a España, y sin nadie que los respaldara, la Administración se hizo cargo de ellos. Hasta que cumplieron los 18 años. En ese momento se abrieron las puertas de sus centros residenciales, obligados a emanciparse. El Área de Soporte a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Conselleria de Benestar Social tenía contabilizados el pasado marzo en Catalunya a 1.526 jóvenes en esta circunstancia, inscritos a alguno de sus programas, de los que 543 son inmigrantes.

El panorama es difícil para todos ellos. Son chavales que tienen que independizarse sin contar con el apoyo familiar y sin respaldo económico. Pero en el caso de los extutelados no comunitarios se agrava aún más por las dificultades que tienen para acceder al empleo. Salen con permiso de residencia, pero no de trabajo.

Para este colectivo tan solo hay dos opciones: una es conseguir un contrato de trabajo de un año como mínimo. Pero en un país donde el 52% de las personas menores de 25 años se encuentran en situación de desempleo, esta alternativa podría tacharse de utópica. La otra es que esperen hasta acumular cinco años de residencia continuada en el país. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto?

«Tienen que ir trabajando en la economía sumergida y sin contratos, y eso en el caso de que encuentren trabajo», explica Ferran Rofín, coordinador del servicio de jurídico de la Fundació Comtal y miembro de la comisión de Inmigración de Entidades Catalanas de Asistencia Social (ECAS). «En otros casos se ven abocados a delinquir o quedan excluidos de la sociedad porque no tienen recursos para nada». Aunque, dice, en números absolutos no son muchos quienes se encuentran en esta situación, sí que es preocupante. «Los políticos afirman que no representa un número muy grande de casos. Pero sí que pueden llegar a ser muy graves. Son chicos que quedan totalmente desamparados».

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

 El problema de conseguir un contrato de trabajo va más allá de la propia falta de oferta. En el caso de que haya voluntad del contratista de dar empleo a un joven sin este permiso, los trámites se alargan. «Una modificación en el permiso puede durar hasta tres meses. Dicen que de media un mes y medio, pero es que ese tiempo ya es motivo para que una empresa que necesite a alguien no espere». Por eso, en su opinión ya no solo deben tomarse medidas legislativas, que es la raíz del problema, sino también se deberían flexibilizar los plazos.

Aunque no se exige que el trabajo sea a jornada completa, deben cobrar el salario mínimo interprofesional. También está la opción de conseguir varios contratos que sumen un año en total, pero esta alternativa resulta aún más complicada

El Sistema de Garantía Juvenil, financiado por la Unión Europea y al que están inscritos más de 8.200 jóvenes catalanes para obtener asesoramiento en formación y búsqueda de empleo, también queda exento para los jóvenes que solamente tengan permiso de residencia. «A diferencia de los tutelados, que esos sí que pueden», apunta Rofín.

Ana Villa, directora de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), explica que el pasado 7 de mayo se aprobó en el Parlament una moción para favorecer la autonomía y la igualdad de jóvenes extutelados. Entre los puntos de la propuesta, se encuentra el compromiso de instar al Gobierno central a posibilitar al acceso de todos los jóvenes extutelados a este programa. Desde la FEPA, luchan para conseguirlo ya que, además, algunos de los programas de formación a los que antes tenían acceso estos jóvenes han quedado incluidos en este programa.

SIN PRÁCTICAS

Otro de los puntos controvertidos son las prácticas laborales. El derecho a la educación es innegable en España, incluso cuando se encuentran en situación irregular. Sin embargo, no pueden acceder a esta parte de la enseñanza una vez perdida la tutela. «No se les puede hacer este contrato sin permiso de trabajo. En la Fundació Comtal hacemos convenios con empresas. Pero es un tema que está un poco en el limbo entre lo legal y lo ilegal, aunque la administración tampoco te da respuesta», indica Rofín.

Catalunya cuenta con una legislación pionera en España que facilita moderadamente la situación a los jóvenes extutelados. Villa declara que la Generalitat pone a su alcance servicios que van desde la vivienda hasta la prestación económica, pasando por el apoyo a la inserción laboral. «Tiene que haber un compromiso personal del joven en llevar a cabo un plan de trabajo, hacer una evolución hacia su emancipación», explica.

Hasta que consigan el permiso de trabajo o la larga duración, pueden ir renovando el de residencia. «Aunque ahora hay casos que si hay algún vacío en el padrón no la dan», comenta el coordinador de la fundación Comtal. Los criterios y los tiempos cambian según la oficina de extranjería que lo tramite. Si no se normaliza esto es porque «el legislador tiene miedo al efecto llamada». asegura Rofín. «Pero seguir seguirán viniendo. Se trata de que la normativa se adapte a la realidad de estos chicos y al mercado laboral».