La jueza del 'caso Intervida' lo traspasa a la Audiencia Nacional

La jueza de Barcelona encargada del supuesto fraude cometido por los fundadores de la oenegé Intervida ha decidido inhibirse del caso y traspasarlo a la Audiencia Nacional por la complejidad y el alcance del sumario. La titular del Juzgado de Instrucción número 17 investigaba si se han desviado millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños de países pobres hacia la constitución de empresas ajenas a esta actividad solidaria.

Según informó ayer la cadena Ser, la jueza ha optado por transferir el caso a una instancia superior para evitar dilaciones en su tramitación. Tras analizar la documentación a la que ha tenido acceso, la magistrada considera en su auto que, hasta el momento, "la única actividad real que ha realizado la fundación privada Intervida es la de captar dinero de sus padrinos". Advierte, además, de que no se ha hecho ningún seguimiento ni control para comprobar si ese dinero se dedicaba "realmente", afirma, a mejorar "las condiciones de vida del sector de la población más necesitado".

Para la titular del Juzgado de Instrucción número 17, los gestores de Intervida tenían como objetivo obtener capital a través de diversas sociedades en España, Guatemala y Perú "para destinarlo al mundo empresarial y, más concretamente, a los sectores de la construcción, inmobiliario y bancario".

COLEGIOS DE ÉLITE

En este sentido resalta la "sangrante creación de colegios de élite, no precisamente para menores desfavorecidos" en Guatemala y Perú. Un objetivo muy alejado de los usos para los que los padrinos de la fundación aportaban sus donaciones económicas.

La Fiscalía de Barcelona presentó una querella el pasado abril contra los dos fundadores de Intervida, Eduardo Castellón y Rafael Puertas y otras cuatro personas vinculadas a su directiva por un delito continuado de estafa o apropiación indebida y asociación ilícita. Las pesquisas de la Fiscalía permitieron descubrir la existencia de una doble contabilidad en la asociación. La oenegé, por decisión judicial, está actualmente intervenida por la Generalitat.