El Govern perseguirá y sancionará a los «profesionales del disturbio»

El Gobierno catalán incorporará a la ley de ordenación del espacio público sanciones contra los vándalos o «profesionales del disturbio» que promuevas actitudes violentas, con la intención de impedir que estos grupos actúen impunemente en manifestaciones legales y otros actos masivos como las celebraciones del Barça. Así lo anunció ayer elconseller de Interior, Felip Puig, tras la aprobación por parte del Govern del plan de seguridad 2012-2013.

El objetivo, aseguró Puig, es que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a reunirse sin que se produzcan alteraciones del orden público. Fuentes del Ejecutivo precisaron que se pretende reforzar desde el ámbito administrativo la persecución (ya establecida penalmente) de las personas que queman contenedores, provocan daños en el mobiliario urbano o en inmuebles (rotura de cristales de comercios) o atentan contra las personas.

Esta ley fijará las condiciones de seguridad para poder celebrar las concentraciones multitudinarias, tanto deportivas como reivindicativas, sin limitar el derecho básico de manifestación. Puig, que evitó detallar esta medida, admitió que en este momento se está estudiando el «margen de maniobra» de la Generalitat para poder establecer dichas «condiciones de seguridad» sin limitar derechos fundamentales, y que, en algunos casos, requerirá modificaciones legislativas estatales. La intención es que esta iniciativa sea aprobada a finales de este año o en el inicio del 2013. «Espero que en torno al verano tengamos los primeros documentos para consensuar», aseguró elconsellerde Interior.

Con la nueva ley de ordenación del espacio público, que vendría a unificar las ordenanzas del civismo que han ido aprobando en los últimos años distintos ayuntamientos, la Generalitat pretende crear un marco legal que sea garantía de convivencia y construcción de la comunidad en el espacio público a partir de los principios de civismo, urbanidad y convivencia, aseguró Puig. Esta normativa, agregó ayer elconseller, también estará orientada a «libertar el espacio público del ejercicio de la prostitución». Fuentes del Ejecutivo catalán detallaron que se regulará esta actividad en las calles de los municipios catalanes.

VÍAS ESTATALES/ No obstante, antes de que la citada ley de derechos y deberes en espacios públicos vea la luz, los Mossos d'Esquadra empezarán a multar a prostitutas y clientes en las carreteras de titularidad de la Generalitat (por lo tanto, no en las estatales, como la N-2, la N-260 y la N-340). El responsable de Interior de la Generalitat explicó que esto sucederá en pocas semanas. La dispersión de competencias entre administraciones dejará fuera del alcance de esta medida las carreteras catalanas donde precisamente se concentra la mayor parte del comercio sexual.

Puig recordó que las leyes ómnibus aprobadas por el Parlament facultan a la policía catalana a multar a prostitutas y clientes en las carreteras de la Generalitat y en las zonas próximas en virtud de la seguridad del tráfico. Este es el primer paso que se ha fijado el departamento para excluir las actividades de comercio sexual de los espacios públicos, otro de los objetivos esenciales del plan de seguridad.

Elconselleraludió a que la prostitución no está considerado un delito en España, pero insistió en su voluntad de liberar el espacio público del ejercicio de esta actividad y actuar desde el punto de vista administrativo, con sanciones económicas. Pero hay una incógnita por resolver: ¿cómo conseguirá Interior que las prostitutas paguen las multas si la mayoría carecen de domicilio fijo y se declaran insolventes? La policía autonómica, por ahora, incluirá la oferta y la demanda de estos servicios «en el catálogo de infracciones».

NEGOCIACIONES ABIERTAS / Puig recalcó que sigue intentando que la imposición de multas a prostitutas y clientes pueda extenderse «por delegación» a las carreteras que no son de titularidad autonómica. Fuentes de la Administración catalana explicaron que están negociando con el Gobierno central que los Mossos puedan levantar acta del comercio sexual en las vías del Estado.