EL COLAPSO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Dos de cada tres opositores a Justicia marchan de Catalunya tras ganar la plaza

Ciutat de la Justícia de Barcelona, en la Gran Vía.

Ciutat de la Justícia de Barcelona, en la Gran Vía. / periodico

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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Dos de cada tres personas que ganan las oposiciones para trabajar en un juzgado de Catalunya se marchan al cabo de dos años, el periodo obligatorio de permanencia en el primer destino. Esto causa una falta de estabilidad en la plantilla que repercute negativamente en el funcionamiento diario de los órganos judiciales, según el secretario general de la Conselleria de Justícia de la GeneralitatAdrià Comella. El Gobierno catalán ha solicitado al Ministerio de Justicia que convoque concursos de méritos para que acudan los interinos y se tenga en cuenta factores experiencia y antigüedad. También se ha puesto en marcha un plan para reestructurar la bolsa de interinos.

La Administración de Justicia en Catalunya tiene un alto índice de interinos. En concreto, el 40% de los empleados de los juzgados no tienen plaza fija. Esta situación y la desbandada de opositores tras conseguir la plaza causan una excesiva movilidad en la plantilla que dificulta que los intentos de disminuir el colapso que padecen los juzgados. Y es que cada vez que un interino o un opositor se incorporan a su plaza, necesitan un tiempo de aprendizaje si no están especializados en la materia.

Un dato significativo, por ejemplo, es que tres de cada cuatro opositores que ganan una plaza en un juzgado de Catalunya son de fuera de la comunidad autónoma. De ahí que muchos de ellos, después de pasar los dos años obligatorios, pidan el traslado a sus lugares de origen. Incluso, se da la circunstancia que algunos de ellos, tras superar la prueba, piden una excedencia de dos años y, después, solicitan el traslado. Al estar vacantes, estas plazas las ocupan empleados interinos. “Es un problema particular de Catalunya”, aseguran Comella y la secretaria de Relacions amb l’Administració de JustíciaPatricia Gomà.

DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Por esta razón, la Conselleria de Justícia está negociando con el Ministerio de Justicia la convocatoria de un concurso abierto a los interinos en los que, además de pasar el examen, se valoren otros méritos, como la experiencia y antigüedad. La convocatoria la tiene que hacer el Gobierno central, ya que la Generalitat no tiene competencias. Por ahora, la Administración autonómica no ha tenido mucho éxito en su reivindicación.

Para estabilizar el sistema y permitir un concurso de estas características, la Generalitat también ha solicitado al ministerio que para el 2017 no convoque una oposición tradicional (solo es necesario aprobar la prueba) para cubrir las plazas vacantes, pues, a su entender, este sistema no funciona porque la mayoría de los que superan esta prueba no se quedan en Catalunya. Sería un año de parón técnico. “Es mejor captar gente que ya está trabajando en los juzgados”, aseguran los responsables de Justícia.

En determinados juzgados la situación es especialmente grave. Por ejemplo, se ha dado la circunstancia que en el 2012 en un juzgado de Granollers, de las ocho personas de plantilla, seis se fueron. Y en el 2015, en otro juzgado, pero esta vez de Barcelona, de siete trabajadores, seis pidieron el traslado.

Justícia también reordenará la bolsa de interinos. La intención es adecuar el perfil de cada uno de ellos al lugar del trabajo que puede ocupar, primando, por lo tanto, la especialización. Esta medida pude dar más estabilidad al juzgado, pues el trabajador no tendrá que pasar por un periodo de aprendizaje. También se intensificará la formación, que se hará antes de designar la plaza.