12 autonomías exigen al sustituto de Wert que derogue las reválidas

El nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hará frente hoy al primer envite serio derivado de la envenenada herencia que ha recibido de su antecesor en el cargo, el polémico José Ignacio Wert. Los consejeros de 12 de las 17 comunidades autónomas reunidas en la Conferencia Sectorial de Educación le pedirán la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, con especial incidencia en la suspensión de la implantación de las reválidas previstas en un decreto que se encuentra en fase de elaboración. El vuelco político producido en las pasadas elecciones autonómicas ha dejado al PP en clara minoría en este foro de coordinación, que, si bien tiene solo carácter consultivo, «es determinante cara a organismos como el Consejo de Estado», recordó ayer la 'consellera' de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau.

«Lo que le pediremos al ministro es que impida la entrada en vigor de las evaluaciones y, en caso de que no pueda ser así, que, como mínimo, las reformule», indicó Rigau en declaraciones a este diario. Las comunidades contrarias a la LOMCE consideran que «la prueba prevista para el final de la ESO debería ser, como ya se consiguió con la primaria, una prueba realizada por las comunidades autónomas y sin incidencia académica para los alumnos», agregó la titular de Ensenyament. «Si lo que quiere el Gobierno central es saber cómo funciona el sistema educativo, puede recurrir a, por ejemplo, una prueba muestral», sugirió.

Para el próximo curso 2015-2016, que en Catalunya empieza dentro de un mes, el 14 de septiembre, están ya previstas las dos primeras evaluaciones de la LOMCE: la de sexto de primaria y la de la formación profesional (FP) básica. La de ESO (como la de bachillerato) no tendría validez hasta el 2018. El ministerio avanzó anoche en un comunicado su voluntad de «atender, respetando el calendario de la LOMCE, muchas de las propuestas que le han trasladado los responsables regionales de Educación en las reuniones bilaterales que han mantenido en las últimas semanas con el ministro».

NUEVA RELACIÓN DE FUERZAS

El cambio de talante -muy distinto del que presentó en su momento el altivo Wert- no deja de ser una reacción a la nueva relación de fuerzas surgida tras el 24-M. Antes, el PP controlaba una docena de autonomías, ahora la relación se ha invertido. El PSOE detenta siete consejerías de Educación (Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Aragón y Cantabria) mientras que los nacionalistas suman otras cinco. Al País Vasco y Catalunya, se han añadido la Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias. Las 12 tienen previsto reunirse hoy para unificar posturas.

No les será difícil ponerse de acuerdo. En las reuniones que Méndez de Vigo ha mantenido uno a uno con los consejeros, las palabras que con más frecuencia ha escuchado son «moratoria», «paralización», «aplazamiento» y «cambio de ley». También comparten la reclamación de mejoras en la financiación y los atrasos en los pagos del ministerio. Y a las autonomías con lengua propia les une, además, el rechazo a la derivación a las enseñanza privada pagada, prevista por el Gobierno, de los alumnos que quieran cursar sus estudios en castellano.

Cuando la LOMCE fue aprobada por el Congreso de los Diputados la mayoría de las fuerzas políticas se comprometieron a derogar la LOMCE si el PP no logra la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales. Este horizonte electoral es uno de los argumentos que pondrán los consejeros del PSOE sobre la mesa para pedir la moratoria. «No tendría sentido introducir ahora unos cambios sobre los que unos meses después habría que dar marcha atrás. Lo más prudente es esperar», explica José Miguel Pérez, secretario de Educación del PSOE y consejero de esta materia en Canarias en la anterior legislatura autonómica.

Pérez reconoce, como lo hacen muchos consejeros, que con Méndez de Vigo la actitud ha cambiado respecto a Wert. Ahora el ministerio escucha y creen que hoy se podría alcanzar algún acuerdo, aunque para ello el ministro debería dar un paso más. «Ha habido un cambio en las formas, pero lo importante es que también cambie el fondo», señala Pérez, que intuye que el PP trata de «ganar tiempo hasta las generales».

LIBRO BLANCO DEL DOCENTE

Como había anunciado, el ministro también planteará en la reunión de la Sectorial la elaboración del Libro Blanco de la Función Docente, en cuya redacción participarán el ministerio, las autonomías, sindicatos y expertos, «para asegurar que ninguna regulación futura pueda romper el consenso que se alcance sobre los ejes estructurales de lo que debe ser el trabajo de los profesores», subraya el comunicado ministerial.