1.732 millones de sobrecoste

La construcción del AVE entre Madrid y Barcelona costó 1.732 millones de euros más de lo previsto, un 31,4% más respecto del precio de adjudicación. Así lo constató el Tribunal de Cuentas en junio de este año, cuando presentó el informe de fiscalización que analiza las contrataciones realizadas desde enero del 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea.

La construcción de los 621 kilómetros de línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se adjudicó por 7.235 millones de euros, pero el coste final del proyecto ascendió a 8.967, es decir, cada kilómetro de la línea costó 14,4 millones. La línea fue cofinanciada por el Fondo de Cohesión Europeo que, entre los años 2000 y 2006, aportó 3.338 millones de euros para las obras. Asimismo, Redes Transeuropeas de Transporte aportó otros 70 millones para financiar estudios, proyectos y obras de la plataforma del tramo Maçanet-Sils (entre Barcelona y Girona).

El Tribunal de Cuentas criticó al presidente del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF, antecesor de Adif) por «uso abusivo» de su facultad de iniciar expedientes de obra por razones de urgencia, procedimiento que utilizó en todos los casos, saltándose  el órgano de contratación regular, que era el consejo de administración.

Desvío presupuestario

Según el tribunal, tanto los desvíos presupuestarios como los retrasos en los plazos de ejecución se concentraron en su mayoría en los últimos años de ejecución de las obras. La institución considera, además, que en muchas ocasiones las modificaciones del contrato inicial «no cumplían los requisitos» legales, ya que se justificaban por necesidades nuevas o causas imprevistas cuando se trataba de «cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o derivadas de una defectuosa ejecución de las mismas».

El tribunal abrió diligencias por presuntas irregularidades en la ejecución de cuatro proyectos: los tramos L'Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-El Papiol y L'Hospitalet-Can Tunis. También abrió otros cuatro expedientes ante la falta de imposición de penalizaciones por incumplimiento de compromisos de contratos.

Este informe solo analizó los 621 kilómetros que unen Barcelona y Madrid, por lo que no recoge ningún análisis sobre el resto de la línea, entre Barcelona y la frontera francesa. El Tribunal de Cuentas dejó la puerta abierta a fiscalizar el desarrollo de la línea tras el 2008, ya que se ejecutaron obras hasta la frontera francesa hasta el 2013.

El informe destaca que, «de la ejecución de las obras se formalizaron 69 modificaciones de contratos y se adjudicaron 14 contratos de obras complementarias y ocho de obras de emergencia que, junto a las revisiones de precios y las liquidaciones adicionales, elevaron el coste de las obras contratadas a 3.035 millones euros».

El informe concluye con tres recomendaciones a Adif. Según el tribunal, teniendo en cuenta los «retrasos y sobrecostes muy significativos» y que «subsistían la mayoría de deficiencias y debilidades que se habían puesto de manifiesto» en anteriores fiscalizaciones, la empresa pública debería adoptar medidas y procedimientos que le permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y costes; una previsión más realista de los plazos necesarios para la finalización de los procedimientos de expropiación de terrenos, y detallar con claridad las razones que fundamentan las prórrogas de los contratos y las obras complementarias.