El TC tumba la declaración soberanista y apela al diálogo

El Tribunal Constitucional (TC) negó ayer a Catalunya la categoría de sujeto «jurídico y soberano» para convocar una consulta de autodeterminación, pero reconoció al Govern la potestad para pedir una reforma de la Constitución que permita el referendo, reforma que el Congreso «debe entrar a considerar». La sentencia, aprobada por unanimidad, fue aplaudida por el Gobierno central, que presentó el recurso ante el alto tribunal, y criticada por el frente proconsulta, que insistió en mantener «la hoja de ruta» del proceso.

Los jueces del alto tribunal solo anulan el punto primero de la declaración de soberanía aprobada por el Parlament el 23 de enero del 2013, aunque esta es la cuestión principal del texto, ya que afirma que «el pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Los magistrados entienden que esta atribución «puede producir efectos jurídicos» más allá de «su marcado carácter político».

Por este motivo, rechazan esta definición porque puede entenderse como el reconocimiento «de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la nación española». Y es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, agregan.

«UNIDAD INDISOLUBLE» / Por ello, los jueces del TC consideran que reconocer al pueblo de Catalunya «la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible» con la Carta Magna, ya que supone «conferir el poder de quebrar, por su sola voluntad [...] la indisoluble unidad de la nación española».

Por este motivo, el alto tribunal afirma que en el marco de la Carta Magna «una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referendo de autodeterminación para decidir sobre su integración en España». Y cita el precedente del plan Ibarretxe y la negativa del Tribunal de Canadá de aprobar el proyecto de secesión de Quebec.

Otra cosa, explican los magistrados, es que Catalunya ejerza su derecho a decidir si este no «es una manifestación de un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución», sino «una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional».

Los togados también resaltan el punto de la declaración del Parlament que proclama el principio del diálogo para conseguir su objetivo político. «Los poderes públicos, y muy especialmente los poderes territoriales, son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito», aclaran. Y afirman que dicho diálogo «no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional».

Asimismo, los magistrados subrayan que la Carta Magna admite «cuantas ideas quieran defenderse» y que la reforma de la Constitución es plausible en el ordenamiento jurídico español siempre que se defienda a través de una actividad que no vulnere «los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de mandatos constitucionales». Por ello, insta a Catalunya a proponer una reforma de la Carta Magna.

«FALTA DE INDEPENDENCIA» / Horas antes de que el Constitucional se pronunciara sobre la declaración soberanista, la Mesa del Parlament intentó apartar de la deliberación tanto al presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, como a los jueces Pedro González-Trevijano y Enrique López, informa Rafa Julve. Una decisión que quedó en papel mojado  tras conocerse la sentencia. El fallo del alto tribunal fue recibido con respeto por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha logrado una victoria parcial porque su recurso solo ha sido atendido en un extremo, pero rechazado en todo lo demás.

LAS REACCIONES / El PSOE expresó su «moderada» satisfacción por la resolución y se congratuló de que el Constitucional señale lo «que se puede o no hacer». En la misma línea se manifestó el PSC, que se felicitó por que la sentencia defienda sus misma posición, es decir, el diálogo. Y reiteró su apoyo a una consulta legal. Como era de esperar, los más críticos fueron los partidos del frente proconsulta: CiU negó «credibilidad» a la resolución, ERC se mostró partidaria de mantener «la hoja de ruta», e ICV acusó al TC de estar «alejado de la realidad». Por su parte, C's recibió el fallo con satisfacción y el PPC pidió que se aparque la consulta.