Santi Vila alega en su recurso que intentó convencer a Puigdemont de que desistiera de la DUI

El 'exconseller' de Empresa, Santi Vila, intentó convencer al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no se votara en el Parlament el 27 de octubre la declaración unilateral de independencia (DUI). Así lo expone el exalto cargo del Gobierno catalán en el recurso que ha presentado este jueves ante la Audiencia Nacional contra la admisión de la querella del fiscal por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. También ha reclamadoa que se anule la prisión con fianza de 50.000 euros que le impuso la jueza de Carmen Lamela. En este escrito se queja de que no se le dejara tiempo para reunir el dinero y tuviera que dormir en la cárcel.

El abogado de Vila, Pablo Molins, relata en el recurso contra la admisión de la querella que con posterioridad al referéndum unilateral del 1-O todas las actuaciones de Vila iban encaminadas a evita la declaración de independencia. "Así, por todos los medios posibles a su alcance", el que fuera 'conseller' trató de mediar entre el gobierno catalán y español e "intentó convencer al 'president' a fin de que no se votara en el Parlament el 27-O". En su declaración ante la jueza y como avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada, Vila explicó que había negociado con la Moncloa, aunque evitó desvelar su contacto.

Los recursos recuerdan que Vila dimitió de su cargo la víspera de la votación en el Parlament y que su "única actuación relevante" fue su participación en la aprobación de la convocatoria de referéndum en el Consell Executiu del 6 de septiembre del 2017, acción que no es delictiva. El letrado sostiene, además, que no se ha cometido rebelión, ya que, en su opinión, no supone un alzamiento público o violento (requisitos que deben darse para aplicar este delito) la realización de "movilizaciones de protesta pacíficas por parte de ciudadanos, que sólo han pretendido expresar opiniones". 

Los actos reivindicativos

El abogado subraya que el fiscal pretende hacer responsables a los 'exconsellers' de las protestas ciudanas, atribuyéndoles, sin indicio alguno, su organización, cuando no ha sido así.  Asimismo, niega que se utilizaran fondos públicos para el 1-O y, por lo tanto, estima injustificada la fianza civil de 6,2 millones de euros.