Ruz procesa por el genocidio del Sáhara a 11 altos cargos marroquís

El juez Pablo Ruz procesó ayer a 11 altos cargos marroquís, militares y policías, por un delito de genocidio por los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que infligieron al pueblo saharaui desde noviembre de 1975 hasta 1991. El magistrado ordena la busca y captura de siete de ellos y pide a Marruecos información sobre el resto. El togado cuenta con el testimonio de 19 víctimas.

Ruz, en su resolución de 40 folios, afirma que durante estas fechas «se produjo un ataque sistemático contra la población saharaui por parte de fuerzas militares y policiales para destruir total o parcialmente» a este grupo de población «y apoderarse del territorio del Sáhara Occidental». El magistrado recurre a la historia para justificar la vinculación de esta zona con España desde la conferencia de Berlín de 1884-1885.

Además, el juez recoge a lo largo de su escrito los padecimientos de estas víctimas. Y narra, por ejemplo, cómo la policía detuvo en 1987 a Aminatu Haidar, que entonces contaba con 20 años de edad, y la torturas que sufrió hasta que fue liberada, sin juicio, tres años y siete meses después. También describe el bombardeo a un campamento en febrero de 1976 con napalm y fósforo blanco que causó la muerte a 39 personas e hirió de gravedad a otras 75.

Por ello, Ruz tipifica estos hechos como un delito de genocidio, 50 asesinatos, 76 tentativas de asesinato, seis detenciones ilegales sin dar razón del paradero, 202 detenciones ilegales, un delito contra la libertad sexual y 23 delitos de torturas.

FOSA COMÚN / El juez cuenta con el testimonio de 19 víctimas que han documentado sus tragedias con el DNI de la época o fotografías de sus lesiones. Asimismo, el magistrado ha podido identificar los cadáveres de ocho personas halladas en  una fosa común en febrero del 2013 y ha oído a las personas que presenciaron estos asesinatos.

Por estos motivos, afirma que ha podido «corroborar la veracidad» de los hechos denunciados en el 2012 por organizaciones de derechos humanos que reclamaron que se investigaran a 31 altos cargos marroquís por la desaparición de 542 saharauis.

Esta será una de las últimas resoluciones que firme Ruz, que abandonará la Audiencia en los próximos días. La fiscalía ha apoyado la instrucción de esta causa, a pesar de la reforma de la justicia universal.