La rebelión de los togados

Ya no puede ser más descalificada. La reforma exprés de la justicia universal recibe casi a diario una bofetada a través de declaraciones públicas o resoluciones de los tribunales. Desde el pasado martes, las críticas han ido in crescendo: los detractores de la norma, que son muchos, han contado con un foro para dejar clara su postura. La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha organizado en Madrid el primer congreso de jurisdicción universal, que reúne a defensores a ultranza de los derechos humanos. Y cada interviniente ha aprovechado su turno para sacar los colores al Gobierno de Mariano Rajoy por sus prisas legislativas.

José Ricardo de Prada, magistrado de la sala penal de la Audiencia Nacional, es un claro defensor de la justicia universal. Ha sido juez del Tribunal Internacional de la Antigua Yugoslavia y fue el ponente de la sentencia que condenó al exmilitar argentino Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte durante la dictadura argentina (1976-1986). Además, ha sido el responsable de poner letra a la reciente decisión de la Audiencia de declarar incompetente a la justicia española para perseguir el narcotráfico internacional en alta mar.

Por ello, este togado se conoce la ley al dedillo, la vieja y la nueva, y con el peso que da la experiencia no le tembló la voz cuando afirmó ayer: «[La reforma] Es tremendamente deficiente, apresurada, mal redactada y responde al peor modelo a la hora de legislar, que es legislar en base a un caso». El juez se refería, sin mentarla, a China, que ha maniobrado para dejar sin efecto la orden de detención dictada por el juez Ismael Moreno contra el expresidente de China Hun Jintao por el genocidio del Tibet.

Más o menos estos argumentos fueron los que este togado esgrimió en el auto de la sala penal, que contó con el apoyo de 13 jueces y el rechazo de otros tres, para justificar la excarcelación de narcotraficantes. Desde el carpetazo a la justicia universal, 47 de ellos ya han salido de prisión. Los argumentos de De Prada, aun así, pasaron de puntillas ante la respuesta de los discrepantes, quienes redujeron este debate a una cuestión ortográfica, al sostener que la ausencia de una coma, a su juicio innecesaria, ante la conjunción o, permitía la persecución de narcos.

Por su parte, la ONU trasladó también ayer al Gobierno «su preocupación» por «el retroceso de la justicia universal», ya que este cambio legal, en su opinión, se ha regulado «con el ánimo de destruir el acceso de las víctimas a la justicia».

Recursos y contrarrecursos

A pesar de estos reproches, los magistrados, como servidores del orden que son, se mostraron dispuestos a aplicar la ley, pero de momento la reforma se encuentra envuelta en autos, recursos y contrarrecursos. Los jueces de la Audiencia Nacional se han negado a aplicarla en la decena de casos que tramitan, como los de Couso, Guatemala, Ruanda, campos de exterminio nazi... Mantienen abiertas las investigaciones hasta que les diga lo contrario un superior. Es decir, la sala penal. Y esta ya ha pasado la pelota al Tribunal Supremo, que tendrá que resolver la apelación presentada por la fiscalía Antidroga contra la excarcelación de narcos.

El pleno de la Audiencia tenía previsto despejar hoy el camino de alguno de estos casos, como la muerte del periodista de Telecinco, pero ayer aplazó su sesión hasta el 6 de junio.

De momento, otros jueces proponen otras salidas. El togado Eloy Velasco instó al Gobierno a rectificar, que ya se sabe que es de sabios, para poner fin a «las consecuencias indeseables» de la reforma. En opinión de este juez, las prisas no son buenas, sobre todo cuando «te hacen querer una cosa y obtienes algo diferente». O lo que es lo mismo: reformar para dejar de recibir llamadas de embajadores y acabar soltando a narcotraficantes sirios, libios y egipcios.

No es probable que le vayan a hacer caso. El Ejecutivo, hasta ahora, ha justificado todos estos daños colaterales. Parece que le compensa el trueque: exjefes de Estado por irregulares expulsados.