Puigdemont exige al Estado permitir la investidura de Jordi Sànchez

La expectación era máxima. Tan solo 24 horas después de salir en libertad bajo fianza de la prisión de Neumünster, al norte de Alemania, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha exigido este sábado al Estado español que respete los derechos "intactos" de Jordi Sànchez, exlíder encarcelado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), para que éste pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat.

En una pequeña y abarrotada sala habilitada para la prensa en el barrio berlinés de Kreuzberg, el líder independentista ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "interferir" en el Parlament de Catalunya. Puigdemont ha reafirmado así la propuesta de candidatura de Sànchez, también número dos de Junts per Catalunya, para relevarle en el cargo después de ser "avalado" por la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU al aceptar a trámite la demanda que presentó. "Les invito a cambiar de estrategia y a dar el primer paso para que este conflicto que es político pueda tener una resolución política", ha remarcado.

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Preguntado por la prensa, Puigdemont ha asegurado que no renunciará a su acta de diputado y que ya ha llevado su caso ante la ONU. Tras el bloqueo de la investidura de Jordi Turull, que más tarde ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid), el bloque independentista ha vuelto a optar por Sànchez. A la misma hora, el presidente del Parlament Roger Torrent apuntaba en la misma línea al proponer al activista como candidato.

Internacionalización del 'procés'

En cuanto a su situación judicial, Puigdemont ha asegurado que fijará su nueva residencia del "exilio" en Berlín, aunque se desconoce con exactitud dónde, y que su intención es regresar a Bruselas si el proceso de extradición acaba siendo denegado por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein.

A partir de ahora el líder independentista deberá fichar una vez por semana en dependencias de la policía berlinesa, no en Neumünster, como se pensaba. Instalado en la capital alemana, Puigdemont deberá esperar ahora a que el tribunal regional alemán procese y decida su caso bajo el delito de malversación de fondos públicos del que le acusa el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En un gesto inédito hasta ahora, la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, defendió la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein y advirtió a España de que "no será fácil" justificar la acusación contra el ‘expresident’ por el delito de malversación. "(Si se levanta la euroorden) Puigdemont será un hombre libre en un país libre", confesó al diario ‘Süddeutsche Zeitung’.

Mediación internacional

Durante la rueda de prensa, Puigdemont ha reiterado su voluntad de abrir la puerta a una negociación "política" con el Estado español. Sin embargo, ha reconocido que "si las dos partes son incapaces de negociar, se necesitará mediación internacional".

Con apenas dos días de estudio del caso, este jueves la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó por "inadmisibles" los cargos por el delito de rebelión de los que el magistrado Llarena y el Tribunal Superior acusaron en su auto al ‘expresident’. El tribunal del 'land' alemán desestimó la equiparación de ese delito con el de "alta traición", tipificado en el código penal alemán, pues ese requiere de la existencia de violencia, algo que no percibe en el caso catalán.

Después de pasar 12 noches entre rejas, el viernes al mediodía Puigdemont salió de la prisión de Neumünster y aseguró que ponía rumbo a Berlín, donde se desconoce su agenda para los próximos días. Detenido en la localidad norteña de Schuby el pasado 25 de marzo cuando regresaba en coche de un viaje a Helsinki, el ‘expresident’ ha confesado que su intención era llegar a Bélgica, donde le esperaban su mujer y sus dos hijas para celebrar la Semana Santa.