El presidente de Murcia se enroca y descarta dimitir hasta que no se abra juicio oral

El presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, no tiene intención de dimitir después de ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por las presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando fue alcalde de este municipio. Según ha indicado este martes la portavoz de su Ejecutivo, Noelia Arroyo, en declaraciones a la cadena SER, la renuncia debería de llegar si finalmente se le abre juicio oral.

Ciudadanos, que da su apoyo al Gobierno regional, reclamó el lunes la dimisión de Sánchez en virtud del acuerdo de investidura, según el cual habría que "separar de inmediato de cualquier cargo a un imputado por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Aferrándose a esta condición, Podemos quiere ahora entablar conversaciones con el partido naranja para que se sume a ellos e impulse una moción de censura contra el mandatario regional y evite a la vez que el cargo pase a manos de otro dirigente popular. 

En defensa de Sánchez, la portavoz de su Gobierno ha argüido que el presidente regional "no está imputado formalmente, sino que está citado para poder declarar y aclararlo todo". Y ha agregado: "Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura de juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones", ha puntualizado.

Asimismo, Arroyo ha defendido el mismo argumento que esgrimen otros dirigentes del PP, pues entiende que en el 'caso Auditorio' "no se habla de corrupción política", porque nadie pone en duda que "todo el dinero está en la inversión de la obra", el auditorio de Puerto Lumbereras, y lo que puede haber es un "error en un procedimiento administrativo".

Tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, han salido este martes ha defender al presidente murciano. Catalá se ha escudado en la presunción de inocencia y ha reclamado "prudencia y mesura" a C's, mientras que Maillo ha abundado en que nadie acusa a Sánchez "de llevarse ni un solo euro". "No es lo mismo meter la pata que meter la mano", ha recalcado, antes de insistir, como hizo la víspera Mariano Rajoy, que las 16 "denuncias políticas" que se han presentado contra el dirigente han sido todas archivadas.

UN PASO AL LADO O MOCIÓN DE CENSURA

Por su parte, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha reclamado a Sánchez que "dé un paso al lado hasta que se resuelva el proceso judicial" y que tanto él como Ciudadanos "cumplan con su palabra". Jiménez ha recordado que el pacto nacional suscrito por el PP y Ciudadanos recoge que no habrá una persona imputada al frente de una institución. "Los pactos están para cumplirlos", ha añadido.

Más allá ha ido IU-Los Verdes de la Región de Murcia, que ha asegurado que la única salida "ética y políticamente asumible" para la situación generada con la imputación de Sánchez es la concertación de todos los grupos de la oposición en una moción de censura.

COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL

Mientras tanto, la Mesa del Congreso ha dado luz verde a la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reclamada por PSOE y Ciudadanos para que explique el criterio del ministerio público en casos de corrupción donde hay implicadas autoridades. Esto servirá para que la oposición le pregunte si ha habido presiones políticas para no imputar al presidente de Murcia por la pieza del 'caso Púnica' relativa a las supuestas irregularidades detectadas en su comunidad autónoma, así como a la investigación del chalet del expresidente riojano Pedro Sanz.

Podemos también exigía la comparecencia de Maza, pero su petición ha sido tumbada porque citaba expresamente los nombres de los mandatarios del PP y, según el criterio de la Mesa, no se admiten comparecencias del fiscal general sobre casos concretos. 

Este mismo criterio ha aplicado la Mesa del Senado para rechazar una petición en el mismo sentido de Compromís. Sí lo hará el ministro de Justicia, a petición del PSOE.