CiU y ERC se encaran al PP por frenar los presupuestos

En un combate de lucha libre todo empezaría así: «¡Fight!» «¡Luchen!». El ring, llevado a la política catalana, sería de nuevo el Parlament. Los contrincantes, el Govern de CiU y ERC por un lado y el PPC por el otro. El cinturón en juego, los presupuestos de la Generalitat, que debían aprobarse hoy pero que no verán la luz hasta dentro de un mes porque los populares los paralizaron ayer al pedir un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. El partido de Alicia Sánchez-Camacho opina que las cuentas son «ficticias» y «vulneran la legalidad». Los nacionalistas y los republicanos contratacan acusando a sus rivales de practicar «filibusterismo parlamentario» solo con el objetivo de «entorpecer el funcionamiento de las instituciones» sin reparar en las «graves consecuencias sociales» de su acción al frenar ayudas a los más desprotegidos.

El proceso soberanista y la construcción de «estructuras de Estado» subyacen en la trifulca. El portavoz del PPC, Enric Millo, lo dejó claro este martes con esta frase: «Si estos son los presupuestos del 'procés', hoy este queda sometido a revisión». «Y no será la única vez», agregó. Los populares no descartan acudir a «órganos superiores que garantizan la legalidad» -por ejemplo, con un recurso ante el Tribunal Constitucional- si el Consell de Garanties les quita la razón, como hizo el año pasado cuando impugnaron los cinco millones de euros destinados a la consulta del 9-N. Entonces, el órgano consultivo consideró constitucional la partida  porque el texto hablaba de procesos electorales y de participación, nada de referéndums de autodeterminación. Tampoco este año se habla de «estructuras de Estado».

EL «ENEMIGO» MAS

Millo afirmó en rueda de prensa que las cuentas evidencian que Artur Mas solo piensa para «la minoría independentista» y se ha convertido «en el principal enemigo de los catalanes». En la ley de presupuestos, su partido ve irregularidades en las partidas presupuestarias relativas al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes y a la Oficina Antifrau, y también en el apartado global de gastos e ingresos. En ese punto, Millo recordó que hay 2.183 millones de euros que el Govern incluyó en el pacto con ERC como recaudación a partir de deudas estatales (como la disposición adicional tercera del Estatut) pero que después no se atrevió a incluirlas cuando presentó los números al Ministerio de Hacienda

En cuanto a la ley de acompañamiento, los populares entienden que desarrolla seis leyes que vulneran competencias: la tributaria, la de seguridad nuclear, la de la Agència Catalana de la Seguretat Social, la de modificación de la ley de la Autoridad Catalana de la Competencia, la de patrimonio y la de infraestructuras críticas. Son para ellos el ejemplo de que solo se impulsa la «transición nacional» y no se atacan los «problemas reales». Es más, si las cuentas son tan buenas, ¿por qué el Govern no los presentó en la fecha reglamentaria, antes del 10 de octubre?, vino a preguntarse Millo.

LA POBREZA ENERGÉTICA

Tanto CiU como ERC replicaron que su bloqueo no frenará el proceso soberanista y le acusaron de dejar a la intemperie a «los más vulnerables». El republicano Pere Aragonès lamentó que se frenen partidas como los 10 millones de euros destinados a combatir la pobreza energética, los 17 millones para prestaciones vinculadas a la dependencia y los 16 millones complementarios para la renta mínima de inserción. Tanto él como el convergente Jordi Turull recordaron que en las comisiones parlamentarias el PPC no impugnó los artículos que ahora cuestiona y destacaron que, al menos, la recuperación de la paga extra de los funcionarios está garantizada por un decreto del Govern.

El Ejecutivo de CiU tomará medidas para que se produzca «la mínima afectación», anunció su portavoz, Francesc Homs. Y como aquel luchador que exhibe músculo ante el rival para demostrarle que no le tiene miedo, le respondió al PPC que su impugnación, «a las estructuras de Estado, ni cosquillas».