Montoro condena a Pujol y liga el escándalo al auge soberanista

Las declaraciones públicas «deben ser siempre lo suficientemente comedidas a la hora de hacerlas». Esta frase se incluye en el discurso que Cristóbal Montoro llevó escrito y pronunció ayer en el Congreso, donde compareció para dar cuenta de la lucha contra el fraude fiscal y, en particular, del caso Pujol. Paradójicamente, sus arremetidas contra Jordi Pujol, al que condenó públicamente al calificarle de «defraudador», sus ataques a los partidos catalanes por no haber investigado antes el escándalo o a la oposición en general por su «tibieza» frente a uno de los «más graves casos de fraude», quedaron lejos de ese deber de contención que deben guardar los responsables públicos, como se encargaron de reprocharle varias fuerzas políticas. A las puertas de una fase clave del proceso soberanista catalán, usó además la fortuna opaca del expresident como arma arrojadiza contra las formaciones independentistas.

EXTENDER LA DUDA / En este sentido, sostuvo que el que fuera jefe del Govern se convirtió en un «adalid del independentismo» precisamente cuando la Agencia Tributaria comenzó a investigar su fortuna familiar. Y extendió la sospecha al resto de dirigentes soberanistas al denunciar, en plural, que hay quienes lanzan «pulsos políticos» al Estado al mismo tiempo que «se están lucrando y sacando partido personal del mismo». Por último, en una alusión velada a Artur Mas, señaló que los catalanes se preguntan si los «herederos políticos» de Pujol «no estarán realmente contaminados» por esa presunta herencia no declarada.

Montoro presumió, por contra, de su labor y aseguró que estos y otros casos de corrupción están aflorando ahora gracias tanto a la voluntad de la derecha «de disciplinar», como al impulso del Gobierno y, en último término, a que la «crisis» les empuja a llevar a cabo una política «más transparente». Siguiendo con esta argumentación, consideró que Pujol no habría confesado sus «30 años de clandestinidad fiscal» si no se hubiera «visto acorralado» por las investigaciones de la Agencia Tributaria y las fuerzas de seguridad.

El ministro detalló que Hacienda comenzó a seguir los pasos de su familia en el 2000, que contribuyó a la investigación del caso de las ITV y solicitó a finales del 2012 información a EEUU, Suiza, Reino Unido, Holanda, Argentina, México y Luxemburgo, además de colaborar con la justicia en la obtención de datos de operaciones realizadas en Andorra. Reveló que Pujol no se acogió a la amnistía fiscal pero dejó varias preguntas en el aire, con la excusa de que la ley no le permite ir más lejos.

Eso sí, dejó caer que el expresident ha cometido «uno o varios delitos» y le advirtió de que su «fraude no expira con una carta novelada de disculpas». Si de verdad quiere «enderezar el rumbo», sostuvo, que comparezca ente Hacienda y los tribunales para «explicar todo lo que dice y no se dice» en su confesión, dispuesto además «a pagar por ello», tanto en términos fiscales como judiciales. El ministro se mostró, no obstante, escéptico al subrayar que el exmolt honorable se ha limitado hasta ahora «a justificarse» y a «arremeter» contra la banca andorrana. «No podemos creerle ni darle el perdón social», zanjó, antes de aseverar que el Gobierno «va a llegar hasta el final» tanto en el plano administrativo como judicial, personándose en los procedimientos judiciales abiertos, para que «no quede impune».

LA OPOSICIÓN/ La exposición autocomplaciente de Montoro y sus ataques al soberanismo fueron muy criticadas por la oposición. CiU calificó algunas expresiones del dirigente popular de «temerarias» y le alertó de que no se va a dejar «provocar».

ERC incidió en que ha sido el Estado el que mantuvo una «connivencia política» con Pujol hasta que este se hizo independentista. Ante las críticas, el ministro puso el ventilador y consideró que el problema es que resto de fuerzas preferían criticar al Gobierno que mostrar «contundencia» ante un escándalo tan «reprobable». El político popular ironizó con la «tibieza» del resto y cargó especialmente contra los partidos que han gobernado Catalunya por no haber destapado el fraude antes.