Los pagos a Urdangarín salpican a cargos del Gobierno de Camps

Miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares interrogaron ayer en Valencia a responsables políticos y técnicos que participaron en los contratos suscritos por organismos de la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de la ciudad con el Instituto Nóos -fundación vinculada a Iñaki Urdangarín-, por un montante que roza los cuatro millones de euros. Dos de ellos lo hicieron en calidad de imputados: José Manuel Aguilar, que dirigió la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) entre el 2002 y el 2005; y Jorge Vela, que le tomó el relevo hasta el 2009 y que ahora está al frente del Instituto Valenciano de Finanzas. Ambos, que ejercieron su cargo durante los gobiernos de Francisco Camps, declararon ante el fiscal Pedro Horrach. Fuentes judiciales informaron de que podría haber otro imputado.

El fiscal también recabó testimonios al número dos de Rita Barberà en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, y al director del Valencia Convention Bureau, José Salinas. Este último aseguró que solo fue requerido para certificar la veracidad de una documentación.

Las actuaciones, desarrolladas en el marco de la causa que instruye el juez de Palma José Castro, se han sucedido durante dos intensos días. Los policías pasaron buena parte del jueves y de ayer tratando de contrastar con trabajadores de la Ciudad de las Artes aspectos de los acuerdos suscritos con el Instituto Nóos.

JUSTIFICACIÓN / Pese a sumar dos nuevos imputados, el Ejecutivo autonómico trató de esquivar responsabilidades. Según la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, es «un caso que no afecta» a la Generalitat, aunque admitió que «sí que hay alguna conexión». Johnson insistió en la «absoluta predisposición» a colaborar con la justicia. Hasta la fecha, el actual presidente, Alberto Fabra, se ha negado a hacer públicos los convenios con Nóos, igual que Camps, que siempre se escudó en la «confidencialidad» de los acuerdos.

Las pesquisas en Valencia se centran en dos eventos. Uno es el Valencia Summit, un foro sobre el impacto turístico de grandes actos que celebró tres ediciones entre el 2004 y el 2006. Las arcas públicas desembolsaron 3,5 millones de euros procedentes de CACSA y de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad, dependientes de la Generalitat, y del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Valencia Convention Bureau. La alcaldesa Rita Barberá subrayó ayer que el contrato «fue aprobado por los órganos dirigentes» de la fundación y reiteró que «es totalmente ajustado a la ley».

ACTO DEPORTIVO / Además, la justicia rastrea otro contrato suscrito por Camps y Urdangarín para lograr que Valencia albergara unos juegos europeos que nunca se celebraron. Aunque el montante era de tres millones, el Ejecutivo de Camps admitió haber reducido a 382.000 euros el pago al duque de Palma. El Forum Illes Balears, que celebró dos ediciones (en el 2005 y el 2006), con un desembolso público de 2,3 millones, calcó al foro valenciano. Jaume Matas, presidente balear en aquella época, ha solicitado que la causa por presunta malversación de fondos públicos y falsedad sea asumida por la Audiencia Nacional.