PRIMERA OLa DE AJUSTES
Los españoles censuran la reforma laboral pero no irían a una huelga
La tijera de Mariano Rajoy ha pinchado en hueso con la reforma laboral. Las movilizaciones de las últimas semanas en distintas ciudades españolas contra los recortes sociales del Gobierno, que la derecha achaca sin rubor al agit-prop del PSOE, reflejan en realidad un malestar que comienza a aflorar en los estudios demoscópicos. El barómetro político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) no deja lugar a dudas. La flexibilización del mercado de trabajo, el ajuste más duro de los que ha aprobado hasta ahora Rajoy, genera un amplio rechazo entre los españoles, que advierten negras consecuencias: menos derechos laborales y más paro. Ahora bien, sea por falta de alternativas, sea porque los efectos aún no son demasiado perceptibles, la idea de los sindicatos de convocar una huelga general parte por la mitad a la ciudadanía.
El millar de entrevistas que conforman el sondeo se realizaron pocos días después de la jornada de manifestaciones impulsada por UGT y CCOO en contra de una reforma que, entre otros cambios, generaliza el despido de 20 días por año trabajado si una empresa acredita nueve meses consecutivos de descenso de ingresos o ventas. Seis de cada 10 españoles, el 59,6%, censuran el nuevo marco laboral, aunque los que lo avalan alcanzan el 32%. En general, la flexibilización del mercado de trabajo es una idea rechazada por el 47,3%, aunque aceptada por el 42%.
La oposición a la reforma es mayoritaria entre los votantes de izquierdas (PSOE, IU, ERC). El electorado de CiU está más dividido, pero son más los que dicen no: 47% frente a un 42%. Este dato sorprende habida cuenta del respaldo a la reforma de los dirigentes de la federación, con el president, Artur Mas, y el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, a la cabeza. Igualmente significativo resulta que una cuarta parte de los votantes del PP (23,8%) reprueben la nueva legislación.
Una explicación muy evidente es que parte del electorado conservador constate, como la mayoría, que sus derechos laborales están en peligro. Ocho de cada 10 ciudadanos (79,5%) están convencidos de ello, mientras que un 16,8% sigue viendo a salvo sus derechos como trabajadores. En este punto no hay diferencias entre caladeros de voto. Más de la mitad de los votantes del PP ve un claro recorte de derechos en la reforma; un 38% no lo consigna.
La otra consecuencia que los electores se huelen es la destrucción de empleo. Seis de cada 10 sondeados (59,3%) aseguran que flexibilizar las condiciones laborales no contribuirá a crear puestos de trabajo y a reducir los lacerantes datos del paro. El 34,3% percibe justo lo contrario. Eso no significa que los españoles no estén dispuestos a sacrificarse en tiempos de vacas flacas. La idea de bajarse el sueldo en un momento de dificultades la aceptan el 41,5% de los encuestados, pero hay un 54,5% que se opone.
En este contexto, y teniendo en cuenta que los populares conservan un suelo electoral muy firme, los españoles están muy divididos sobre la conveniencia de agotar ya el cartucho de la huelga general, que los sindicatos están preparando para el próximo 29 de marzo. Un 50,3% de los ciudadanos no secundaría el paro; un 46,7% sí dejaría de trabajar. La cita no está convocada todavía, pero UGT y CCOO se reúnen este viernes para confirmarla.
MÁS RECELOS EN LA DERECHA / Esta división se reproduce entre los votantes de los partidos no situados a la izquierda. Los del PP son ampliamente contrarios a una huelga general, aunque un 13% confiesan que participarían en el paro. Dos tercios de los votantes de CiU se oponen a la idea, pero el otro tercio está a favor. Y en la UPD de Rosa Díez también son más, aunque por estrecho margen, los que se niegan a empuñar la pancarta.
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